La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó, la tarde del 30 de junio, el juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celi, que fue presentado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.
La moción fue presentada por el legislador Pedro Velasco. Los nueve legisladores de la comisión votaron a favor de esta petición. Tanto Lloret cómo Celi tienen un plazo de 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo.
Pero este es solo uno de los problemas que se deben resolver al interior del parlamento. El juicio contra René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno, está represado.
El plazo para su sustentación venció el 28 de mayo. No existió el informe respectivo y sus dos interpelantes, los socialcristianos, Mercedes Serrano y Dennis Marín ya no son legisladores.
En un intento por solventar este aspecto, la Asamblea designó, el 25 de junio, a Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), como los nuevos interpelantes.
Pero la Comisión de Fiscalización no tiene en sus planes inmediatos dar trámite al tema de Ortiz. Por ello, el 29 de junio resolvieron por unanimidad, remitir un informe a Guadalupe Llori, presidenta del legislativo, recomendando el archivo del caso.
La tarde del 30 de junio, la Asamblea hizo público un comunicado en el que se lanzó la convocatoria para el 1 de julio, en donde se abordará el caso de Ortiz.