Pablo Celi, contralor subrogante, permanece en prisión desde el 14 de abril de 2021. La Fiscalía lo acusa de ser parte de una red de corrupción.
El futuro político de Pablo Celi, contralor (s), está en manos del pleno de la Asamblea Nacional (AN). Esto una vez que la Comisión de Fiscalización decidió dar prioridad a este caso por sobre el de René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno.
En el caso de Ortiz, la referida Comisión aprobó por unanimidad recomendar al pleno del legislativo archivar el juicio político que pesaba en su contra, puesto que el plazo para la sustentación terminó el 28 de mayo de 2021. Además, los dos interpelantes, los socialcristianos Mercedes Serrano y Dennis Marín, ya no son legisladores.
Ahora dependerá de Guadalupe Llori, presidenta del legislativo ecuatoriano, poner en el orden del día este informe para que los 137 parlamentarios se pronuncien al respecto.
El 25 de junio la Asamblea resolvió la continuación del juicio político contra Ortiz. Para ello designó a Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), como los nuevos interpelantes.
De la resolución de este juicio depende dar paso a uno que involucre al detenido Pablo Celi.
El primer paso de la Comisión de Fiscalización fue la de avocar conocimiento de la solicitud presentada por el asambleísta Juan Carlos Lloret. El pedido se basa en el incumplimiento de funciones. (AS)