10 de los 52 procesados por el caso Metástasis obtuvieron reducciones de penas de hasta el 70%. Mayra Salazar, por ejemplo, saldrá en libertad ocho meses.
En Ecuador, una persona puede conseguir jueces que beneficien a un narcotraficante, ser parte de una estructura de delincuencia organizada (delito con una pena de hasta 10 años), pero obtener una senetencia de apenas 15 meses.
Ese es el caso de Mayra Salazar quien aceptó haber sido operadora de Leandro Norero, cuya estructura narcodelincuencial ha aportado a los hechos de violencia que vive el país. La comunicadora de 35 años saldrá en libertad dentro de ocho meses, tras aceptar que recibía dinero a cambio de favores al narco.
La misma sentencia recibió Hélive Angulo, hombre de confianza de Norero, cuya red delincuencial financiaba a los grupos de delincuencia organizada como los Lobos o los Tiguerones. Angulo, alias ‘Estimado’, era administrador de los bienes del narcotraficante.
En ambos casos hubo dos beneficios judiciales: por procedimiento abreviado y colaboración eficaz.
El jurista Andrés Olmedo dice que esto envía un riesgoso mensaje de impunidad, ya que “la Fiscalía podía dar la reducción de 40 meses ya sea solo por colaboración eficaz o procedimiento abreviado”.
Óscar Morales, sociólogo, indica que Salazar, Angulo, los otros procesados y todos quienes trabajan para el narcotráfico, son responsables de lo que vive Ecuador. “En 2023 fuimos uno de los países más violentos del mundo, con un récord de muertes violentas. Y la gente que recibió dinero manchado con sangre, entre comillas, del narcotráfico no pasa ni dos años en la cárcel”.
Para ambos, las penas tan bajas desvirtúan lo que el caso Metástasis significa para el país. “Un joven que delinque no encontrará en este caso un ejemplo de lo que no se debe hacer”.
Morales recuerda incluso que en un chat, Norero y Hélive Angulo, mencionan sus intenciones, primero de “asustar” y luego de asesinar a la fiscal Lidia Sarabia, quien tomó el caso por lavado de activos de Norero y quien descubrió que él había fingido su muerte.
Las otras personas que se acogieron a procedimientos abreviados, entre ellos policías y jueces que trabajaban para Norero recibieron 40 meses de prisión.
Si bien la cooperación eficaz y los procedimiento abreviados son mecanismos legales, “la Fiscalía no puede mostrarse en exceso benevolente”, detalla Morales. Pero recuerda que los jueces también cumplen un rol en aceptar o no el reducir una condena.
Olmedo indica que aunque la Fiscalía obtiene beneficios como información para nuevos casos como ocurrió con el caso Purga– que se derivó de la colaboración de Salazar– las negociaciones con una reducción de más del 70% de las sentencias “son un mensaje de impunidad”.
Las sanciones económicas también son bajas
Olmedo también considera que la reparación integral es baja. En el caso de Salazar, por ejemplo, se determinó un pago de $11.040 como reparación integral por el perjuicio al Estado, más $6.300 que Salazar habría recibido por trabajar para Norero; y una multa de $5520 impuesta por la Procuraduría.
El dinero debe ser depositado en una cuenta del Banco Central del Ecuador.
Salazar también debe pedir disculpas públicas.
Similar es el caso de Álex Palacios, sentenciado a 15 meses de cárcel, pues como asesor del también procesado Wilman Terán, ejercía influencias en juzgados y asesoraba legalmente a alias Estimado.
Palacios también deberá pagar 12 salarios básicos unificados ($5.520), más $11.040 como reparación al Estado.
La misma multa se dio para el juez Emerson Curipallo, esto pese a que la Fiscalía comprobó que recibió $200.000 en efectivo, a cambio de dar la libertad a dos peligrosos sicarios que trabajaban para Norero.
En el caso Metástasis, de los 52 procesados, tres quedaron sobreseídos. Quienes no se acojan al procedimiento abreviado, esperan por la audiencia preparatoria de juicio. (AVV)