La Secretaría de Derechos Humanos anunció que se abrirá un concurso para estos espacios. A la sociedad civil le preocupa la ampliación de servicios con el mismo presupuesto.
Luego de que la Red de Casas de Acogida del Ecuador anunciara – el 29 de diciembre de 2021– la posibilidad de cierre por falta de recursos, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, informó que trabajan en tres procesos y destacó que ninguno de estos centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia ha cerrado.
Aunque Ordóñez detalló que trabajan por subsanar, lo que calificó como un problema estructural que viene desde anteriores gestiones; con respecto a las partidas presupuestarias hacia las casas de acogida, existen nudos críticos que no tienen respuesta y que, segùn la funcionaria, “se irán resolviendo sobre la marcha”. Los cambios anunciados por Ordóñez dejan nuevos cuestionamientos entre miembros de la sociedad civil que trabajan en torno a la violencia de género.
Ampliar servicios ¿con el mismo presupuesto?
$2,17 millones se asignan a los 17 centros de apoyo y cinco casas de acogida que, a escala nacional, trabajan en convenio con el Estado.
“Esto ha sido así desde hace una década. Ha sido una lucha de la sociedad civil”, enfatiza Geraldine Guerra, directora de las Casas de Acogida de Ecuador.
Por su parte, Ordoñez indicó que están cambiando el reglamento de estos procesos, ya que los convenios se realizaban por invitación directa a las casas de acogida y ahora será por medio de una convocatoria, que receptará propuestas del 3 al 16 de febrero; mientras que el 31 de marzo de 2022, tiempo en el que vencen los convenios temporales con los centros y casas de acogida que también deberán concursar.
Desconocimiento sobre los procesos
Guerra se pregunta qué pasará si ganan más de 22 establecimientos. “Se ampliarán los servicios con el mismo presupuesto. Es decir habrá una reducción de recursos . Esas son dudas que no nos han solventado”, recalca la representante de la sociedad civil.
Al ser consultada, Ordoñez dijo que esa respuesta se tomará sobre la marcha, pues no se puede solicitar una ampliación de presupuesto, sin haber ejecutado el que se tiene actualmente, para este 2022.
Otro cuestionamiento, dice Guerra, es qué pasará si alguno de los espacios que han trabajado desde hace 10 años no llegan a ganar el concurso. “Porque si hubiésemos conocido esto desde el principio (desde que inició el Gobierno de Lasso) hubiésemos llegado a enero y no estaríamos ahora con contratos solo hasta marzo, por no saber qué va a pasar”.
Ordoñez pidió esperar a que el proceso concluya y conocer cuántos lugares participan. Tampoco indicó si las usuarias de determinado centro serán trasladadas a otros una vez que concluya el concurso.
Contradicciones
Mientras Ordóñez dice que ninguna casa de acogida ha cerrado sus puertas, las voceras de la casa ‘Amiga’ de Sucumbíos ratifican que sus puertas no volvieron a abrir este 2022, ya que permanecían en incertidumbre sobre el presupuesto. (AVV)
Cinco centros violeta hasta finales de 2022
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, anunció que construirán cinco casas violeta, destinadas al apoyo de mujeres víctimas de violencia de género en zonas vulnerables, como la frontera norte, frontera sur, Amazonía y Guayas.
Este es uno de los proyectos que se realizarán en 2022, año al que más presupuesto se le destinará: $13 millones, de los $24 millones asignados a la prevención y erradicación de violencia, que el Gobierno entregó para cuatro años.
“Creamos un régimen de transición, tuvimos que reformar normativa interna (…) para que no estén en el limbo las organizaciones sociales. Desde diciembre estamos certificando las partidas y esta semana suscribiremos los convenios, porque es el único camino jurídico que le va a dar tranquilidad a los centros”, Bernarda Ordoñez, secretaria de Derechos Humanos.
“La Secretaría de Derechos Humanos nos ha hecho un llamado a resistir y a mantener los servicios de acogimiento, pero sin ninguna certeza”, Geraldine Guerra, directora de las Casas de Acogida de Ecuador.
Proyectos relacionados a prevención y erradicación de la violencia, en la Secretaría de Derechos Humanos, cuentan con un presupuesto de $24 millones para cuatro años.