En su plan de trabajo 2022-2025, el Gobierno busca reducir la violencia en las cárceles ecuatorianas que, en 2021, dejó más de 300 presos muertos.
El proyecto de rehabilitación de las cárceles del Ecuador, presentado por Guillermo Lasso, el lunes 21 de febrero de 2022, no es el primero que se ha planteado en los últimos años.
En noviembre de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno lanzó el proyecto de transformación de cárceles en el que se invertirían $38,9 millones. El dinero sería principalmente utilizado para dos cosas: readecuar y repotenciar los 54 centros y proveer y fortalecer las capacidades tecnológicas y equipamiento. Pero una vez que se terminó ese año, se determinó que el 96% del proyecto no se cumplió.
En 2020, la Corte Constitucional solicitó a Lenín Moreno que se genere un plan, debidamente financiado. Así fue como el Gobierno de Moreno presentó un cálculo en $206,8 millones para restructurar el sistema penitenciario en cuatro años. Los principales ejes de acción eran: construir 10 nuevos centros de rehabilitación hasta 2025 (dos por año), readecuar los 36 centros carcelarios del país, comprar 9.000 nuevos grilletes electrónicos y dotar de productos de aseo y vestimenta a los presos
Pero dicho proyecto no vio la luz. En ambos casos, desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se explicó que los recortes presupuestarios no permitieron implementarlo en su totalidad.
Enfoque de salud
La nueva política pública de rehabilitación social del presidente, Guillermo Lasso, detalla que en su primer año de acción (2022), se destinen $27,4 millones. Su enfoque es distinto al presentado por Moreno, que iba se centraba en equipamiento y en tener más cárceles. Algo que, para Marianella Donoso, socióloga, era caer en un error, ya que el país no necesita “ni más cárceles, ni megacárceles, sino rehabilitar y generar procesos ágiles”.
Por eso, Donoso ve como un acierto que Lasso plantee un proyecto con enfoques de ejes educación, deporte, cultura y salud. En este último apartado, incluso, es en donde más dinero se invertirá, cerca del 45% del presupuesto.
Para la salud de los presos se destinará $12,1 millones, cuya administración estará a cargo del Ministerio de Salud. El plan no se enfoca únicamente en generar un modelo de salud en los centros de detención, sino en generar acceso a programas de salud mental, derechos sexuales y reproductivos, salud de la mujer y provisión de alimentos y agua.
Y es que, comenta Donoso, las condiciones dignas son un primer paso hacia la reducción de la violencia. La Fundación Dignidad sostiene que la falta de asistencia psicológica, de talleres y horas al aire libre son efectos que producen violencia y represión.
Pésima infraestructura carcelaria
En noviembre de 2021, tras la masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral, la Comisión de Justicia de la Asamblea conoció sobre los problemas de acceso a servicios básicos (agua, luz), infraestructura inadecuada, insuficiente acceso a salud física y mental y precarias condiciones de vida de los reos.
Para Vianca Gavilanes, coordinadora de la Fundación Dignidad, el Gobierno debería priorizar su inversión en mejorar la calidad de vida de los reclusos, para ella esta es la raíz del problema.
“Los centros de privación más poblados son los que no cuentan con una planificación arquitectónica. Nosotros hemos podido evidenciar que, desde su construcción, no se coordinó con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad ‘s) la dotación de agua potable, por ejemplo”.
Desde la Fundación se ha determinado que en la Penitenciaría del Litoral es común el brote de enfermedades, como tuberculosis, por la falta de asistencia médica y sanitaria. (AVV)