Las muertes y supuestos suicidios van al alza. A eso se suman videos que registran fiestas y torturas dentro de los centros carcelarios del país.
“Déjalo solito que patalee, son 10 (segundos) después de patalear”, esas son las instrucciones que se dan para hundir de cabeza en el agua a un hombre, que tiene los pies y las manos atadas con sogas.
Ocurrió en la Penitenciaría del Litoral, en Guayas, y lo grabó uno de los presos. El video –aparentemente– se envía a los familiares del torturado para que hagan depósitos a cambio de seguridad o para cubrir alguna deuda.
Pero esa no es la única grabación que hacen desde la cárcel, las personas privadas de libertad (PPL), también circulan imágenes donde celebran tomando licor y escuchando música. Todo, absolutamente todo, está prohibido, pero todo pasa en pleno estado de excepción.
Desesperación estatal
Entre el 9 y 10 de noviembre hubo enfrentamientos y balacera en la Penitenciaría del Litoral. En dos días el orden no se logró restablecer y el saldo fue un preso muerto. Él se suma a las más de 300 muertes violentas registradas en cárceles en 2021, de las cuales 119 se dieron el 28 de septiembre, durante la mayor masacre carcelaria de la historia del Ecuador.
Mientras la Policía intentaba restablecer el orden, el 10 de noviembre de 2021, el Organismo Técnico de Rehabilitación Social se reunió la tarde del 10 de noviembre de 2021. Aunque la sesión tenía previsto tratar el cronograma y metodología del censo penitenciario, la aplicación del mecanismo en contra de la tortura y la articulación de la política de Rehabilitación Social al Plan Nacional de Desarrollo 2021; la ola de violencia hizo que se tomen medidas emergentes.
Fue Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) y presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, quien propuso cambiar el orden del día para que la primera acción sea la creación de la Comisión de Intervención de Emergencia.
Alberto Santamaría, sociólogo y experto en seguridad, dice que las acciones ya deben trasladarse de las mesas de trabajo hacia acciones tangibles como la instalación de inhibidores de señal y la restructuración de pabellones. “Los inhibidores instalados no solo que no cubren todas las celdas, algunos no funcionan o hay demasiados puntos ciegos”, dice Santamaría, quien indica que continuar planeando comisiones solo da más espacio a que los grupos delictivos actúen y es una muestra de una “desesperación estatal que cree que la violencia carcelaria se frena con anuncios. No hay un mensaje claro de acciones concretas y transformadoras”.
Desde la Defensoría del Pueblo hasta la iglesia
Será la Defensoría del Pueblo la que lidere la comisión, aunque también intervendrán las gobernaciones de las provincias donde se ubican las cárceles. A ellos se suman: La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional; la iglesia católica;. la Corte Nacional; el Consejo de la Judicatura; la Fiscalía General del Estado; instituciones de educación superior; la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación.
Santamaría critica que no exista un plan específico de acción a corto plazo. Con él coincide Lautaro Ojeda, experto en seguridad y docente universitario, quien detalla que no se plantean aspectos básicos como la formación de guías penitenciarios. Actualmente, hay un déficit del 57,8% de guías penitenciarios, hay un agente por cada 25 presos, cuando el estándar internacional detalla que debe ser un agente por cada 10.
Una de las primeras acciones de estas laborales ha sido la activación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, con el que se promuevan acciones de investigación administrativa y penal sobre las situaciones ocurridas dentro de los centros penitenciarios. (AVV)
El líder de la banda delictiva ‘Los Tiguerones’ salió de la cárcel
Álex Salazar Villamar es uno de los líderes de la banda delictiva ‘Los Tiguerones’, misma que ha sido señalada como partícipe de las matanzas carcelarias tras las disputas por espacios y su riña contra ‘Los Choneros’.
La salida de Salazar se debe a que se acogió a la prelibertad y terminará su condena en un régimen semiabierto. El hombre cumplió el 60% de su pena tras ser sentenciado por el delito de receptación.
Santamaría indica que si bien se ha cumplido con lo establecido bajo la ley, estas acciones podrían responder a acuerdos internos por ‘paz’ dentro de las cárceles. “No es descabellado pensar que las autoridades lleguen a acuerdos, pero en este tipo de negociaciones debe quedar claro quién puso las condiciones”, agrega.