Desde organizaciones como la Conaie se han presentado acciones de inconstitucionalidad para impedir la consulta prelegislativa y dejar sin piso la actividad en el país.
Mediante una rueda de prensa la Cámara de Minería del Ecuador (CME) hizo un llamado a la Corte Constitucional a fin de que se inadmita la acción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofeniae) en contra del Decreto Ejecutivo 604.
Ese decreto regla el ejercicio del derecho de las comunidades indígenas a la consulta prelegislativa y da cumplimiento a lo dictaminado por la referida Corte Constitucional en un fallo previo.
En su petitorio, las organizaciones solicitan además que se suspendan la aplicación de este Decreto hasta que la demanda se tramite por parte de la Corte, lo que detendría el trámite -actualmente en curso- de la norma de Consulta Ambiental.
La Consulta Ambiental es una herramienta necesaria para la obtención de las licencias ambientales que los sectores productivos requieren para continuar con sus actividades industriales de manera reglada y apegada a la normativa ambiental. Así lo determinó la Corte Constitucional en más de una sentencia.
Andres Ycaza, síndico de la CME afirmó que la acción de la Conaie «inviabiliza el cumplimiento de lo dispuesto por la misma Corte de practicar la consulta ambiental. Además, en caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la Consulta Prelegislativa y por ende de la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.
María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la Cámara, señaló que: “el Ecuador no puede detenerse frente a la coyuntura política. Debemos seguir produciendo, generando empleo y enfrentando nuestras necesidades”.
La minería a gran escala, según la Cámara, ha permito la reducción de la pobreza. Solo el año pasado, nuestro sector generó más de 180.000 plazas de trabajo directo e indirecto.
Al respecto, Pedro Vallejos, presidente de la comunidad de Chalguayacu Alto -ubicada en al cantón Cotacachi- comentó que la calidad de vida de la comunidad ha mejorado gracias a las oportunidades de trabajo que trajo la minería. Además, con los planes de inversión social de los proyectos mineros se han realizado trabajos de vialidad, salud y educación.
En este contexto, Silva también señaló que: “de darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas”. (JS)
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