Los debates electorales se realizarán el sábado 7 y domingo 8, y el sábado 14 y domingo 15 de enero de 2022.
La organización de los 38 debates electorales obligatorios -para candidatos a prefectos y alcaldes- en 17 provincias previstos para enero de 2023 es un nuevo motivo de discordia para los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando faltan menos de cuatro meses para los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023.
En la sesión No.80 del pleno del Consejo Electoral del 12 de octubre de 2022, la consejera Elena Nájera cuestionó que de los $828.258 presupuestados para los 38 debates, “los montos asignados para cada provincia no tienen el sustento técnico necesario y presentan inequidades”. Puso de ejemplo que para la provincia de Chimborazo los costos son más altos en comparación con Azuay, Manabí y Pichincha, que tienen mayor número de electores.
El presupuesto asignado para los debates en Riobamba (Chimborazo) asciende a $51.000, mientras que para Azuay llega a $33.264, para Manabí $25.000, y Pichincha $42.475.
“¿Por qué ocurre esto, si en Chimborazo hay menos electores que en las provincias mencionadas? ¿Habrá un mayor número de candidatos en Chimborazo que en Azuay, Pichincha y Manabí?”, increpó Nájera en la sesión. “No lo sabemos, porque recién el 18 de diciembre de 2022 tendremos las candidaturas en firme”, respondió la misma consejera.
Asimismo, Guayas es la provincia que condensa la mayor parte del presupuesto con $420.000. Cerca del 50% del monto total ($841.362) para cinco debates (uno para la prefectura provincial y cuatro para alcaldías). Pero, en provincias como Manabí, en las que se desarrollarán cuatro debates electorales (uno para prefectos y tres para alcaldías) tiene previsto un presupuesto de apenas $25.000, reveló la vocal.
“El CNE le debe una explicación al país, a las organizaciones políticas, alianzas electorales, candidatos y electores de estas jurisdicciones”, señaló Nájera.
Diana Atamaint defiende decisión
En respuesta a estos cuestionamientos, Diana Atamaint, presidenta del CNE, afirmó que el presupuesto aún es referencial y está elaborado sobre la base de información remitida por las delegaciones provinciales electorales y a un estudio previo de mercado.
“Hay que tener presente que cualquier contratación de producto o servicio tiene que cumplir con los parámetros que exige la Contraloría General del Estado (CGE), o el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para buscar ahorrar recursos, actuar con transparencia y optimizar lo más que se pueda. Así hemos actuado y seguiremos actuando con esa misma mística”,resaltó Atamaint en la sesión del pleno.
La titular del organismo recordó que el Código de la Democracia da esa responsabilidad a las delegaciones provinciales y a las juntas provinciales que formarán parte de la organización de los debates.
Trabajo prolijo y eficiente
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, consideró que los valores (asignados para cada provincia) deben ser afinados, y también reconoció que fueron preparados por cada una de las delegaciones con base a las realidades de cada circunscripción. Sin embargo, aclaró que eso no significa que “esté escrito en piedra”. Por lo tanto, recomendó ser muy prolijos en relación con esos montos (…) “pero para eso se necesita que al frente de esto esté gente que merezca nuestra confianza y la satisfacción de que hará el trabajo de forma prolija y eficiente”, señaló. (SC)
Otros desacuerdos
La historia de los desacuerdos entre los vocales no termina allí. En agosto de 2022, Elena Nájera, quien está en funciones desde abril de 2021 tras reemplazar en la vocalía a Luis Verdesoto, acusó a las autoridades del CNE de ser los encargados de la designación de las presidencias y vicepresidencias de las juntas provinciales electorales, y de tener el 99% de las delegaciones a su cargo.
La supuesta injerencia de actores políticos externos al CNE en la elaboración del instructivo para aprobar a los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también encendió los ánimos. Las principales autoridades del ente electoral desmienten estas acusaciones.
Las divergencias se “masifican”
Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó que al interior de un organismo colegiado como el CNE siempre se van a producir diferencias, pero -a su criterio- el problema es que estas se exponen de manera pública a través de las redes sociales, especialmente cuando las minorías no sienten que tienen una respuesta de la mayoría. “El problema es que eso se masifica”.
Por ello, Aguinaga recomendó que las diferencias se deberían dilucidar al interno.
El expresidente del TSE acotó que esto no debería afectar la transparencia del proceso. Lo dijo en referencia a la denuncia sobre un presunto control de la mayoría de los consejeros en las juntas provinciales electorales.
El CNE organizará 38 debates en las jurisdicciones con más de 100.000 electores, correspondientes a 17 prefecturas y 21 alcaldías.