Se necesitan al menos $12.000 millones en inversiones para impulsar la producción de barriles de crudo.
El objetivo inicial del Gobierno de Guillermo Lasso era duplicar la producción de crudo (pública y privada) a 1 millón de barriles diarios hasta 2025. Sin embargo, luego de los primeros 8 meses, y con un decreto 95 que establecía las líneas maestras del plan de desarrollo petrolero, las diferencias entre Petroecuador y el Ministerio de Energía impidieron avanzar en las metas establecidas.
Por eso, en marzo de 2022, el Gobierno rebajó sus pretensiones a un máximo de 800.000 barriles diarios en tres años, y un mes después provocó la salida de Juan Carlos Bermeo del Ministerio para reemplazarlo por Xavier Vera Grunauer.
Andrés Gutiérrez, ingeniero petrolero, explicó que Lasso estableció claramente cómo debía impulsarse al sector, con la inversión privada como eje. Sin embargo, incluso antes del paro violento de 18 días, es decir hasta mayo de 2022, la producción nacional se mantuvo más de 8% por debajo del mayor pico alcanzado en marzo de 2020.
Obstáculos internos
Para alcanzar las metas del Gobierno se necesitan alrededor de $12.000 millones de inversión nueva. Esta debe enfocarse en los mega bloques 43 y 31 (ITT) y 16 (de New Stratus Energy), Pungarayacu y costa afuera el campo Amistad (gas).
Pero, más allá de la oposición de sectores políticos, sociales y ambientalistas, una de las principales trabas es que una buena parte de la burocracia estatal, sobre todo en mandos medios, entorpece los procesos en busca de que las inversiones no salgan de la órbita de Petroecuador y el Estado ecuatoriano.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, puntualizó que existe un prejuicio y un rechazo hacia la inversión privada.
“Hay sectores dentro de la misma administración pública que consideran que el petróleo solo debe ser operado por el Estado y no por compañías privadas. Este enfoque tiene problemas graves. La capacidad financiera del Gobierno ecuatoriano es reducida y la duplicación de la producción es imposible solo desde lo público”, puntualizó.
El analista recalcó que incluso la capacidad de gestión estatal es limitada para el nivel requerido de inversiones. A esto se suma que los funcionarios también tienen temor de tomar decisiones por los riesgos que representan las denuncias de empresas no favorecidas por adjudicaciones y las auditorías desde la Contraloría.
“Se crean unos incentivos perversos porque la burocracia que no decide es la que menos problemas tiene. La que decide se arriesga a ser cuestionada por la Contraloría u otras instancias. Ante esto, la estrategia en la línea de conservar el puesto es no decidir, dejar pasar para evitarse problemas”, aseveró.
En otras palabras, se ha extendido una percepción de que toda acción puede ser echada abajo e incluso judicializada en un país con todas las instancias de control y justicia politizadas.
Ese entorno ha impedido que se concrete desde 2021 el traspaso del manejo de los bloques 16 y 67 entre Repsol y New Stratus Energy. Tampoco se han concretado los cambios de contrato de servicios a contratos de participación con 23 empresas interesadas.
Reparto de ingresos
Dentro del acuerdo firmado entre el Gobierno y el movimiento indígena para terminar con el paro de 18 días, se estableció la exigencia de que se elabore un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.
Esto se debe a que varias comunidades consideran que, a pesar de estar dentro de las áreas de influencia de los campos petroleros, no han visto mejoras sensibles en infraestructura, servicios y otro tipo de obras.
En otras palabras, una gran parte de la oposición externa se da porque los ingresos de la actividad extractiva no se han repartido de manera eficiente. Aquí, el cuestionamiento no es solo contra el Gobierno central sino también contra los gobiernos locales.
Berenice Almeida, economista, afirmó que se deben buscar mecanismos más eficientes para que se desarrollen proyectos en las zonas amazónicas que son de las más pobres del país.
“Como preasignaciones, alrededor del 10% de los ingresos petroleros van a los municipios y prefecturas, a través del llamado Modelo de Equidad Territorial. Además, $1 por cada barril exportado se suma al fondo amazónico. Entonces, no es que falten recursos, sino que no se los utiliza bien”, acotó. (JS)
A mayo de 2022, la producción petrolera había caído -8,5% en comparación a marzo de 2020. En el mismo periodo, los precios del crudo se multiplicaron por 4, superando los $100 por barril.
Ecuador debe atraer a nuevos inversionistas
Ecuador tiene reservas estimadas de 8.273 millones de barrilles de crudo. Sin embargo, su producción diaria no supera los 500.00 barriles. Por el contrario, Colombia tiene la cuarta parte de esas reservas, pero ha llegado a generar más de 700.000 barriles diarios.
El éxito de los colombianos se basó en atraer a empresas extranjeras de mediano tamaño con músculo financiero y desarrollo tecnológico. Esas firmas son las que han reemplazado a las grandes multinacionales que están abandonando la región para enfocarse solo en los campos más grandes a escala mundial.
Así, las autoridades ecuatorianas no han podido adaptarse a esta nueva realidad en la que los grandes inversionistas tienen pocos incentivos para seguir en el sector petróleo y en muchos casos se reorientan a proyectos en energías renovables.
El Gobierno pretende atraer a las empresas medianas con el cambio en la modalidad de los contratos, pero la oposición interna y externa ha minado ese camino.
Petroecuador ha dicho que, de las reservas estimadas, solo se han probado alrededor de 1.300 millones de barriles, por lo que es urgente inversión privada para evitar que gran parte de la riqueza petrolera del país se quede bajo tierra sin explotación.