La Red de Protección Social del anterior Gobierno estaba conformada por 1,5 millones de personas en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.
A las 16h09 del viernes 28 de mayo, Lenín Moreno, expresidente del Ecuador, entregó a la Asamblea Nacional (AN), a través de Christian Mora, su informe de gestión al mando del Gobierno ecuatoriano del 14 de mayo de 2017 a mayo de 2021. En 110 hojas se detalla el trabajo de «111 entidades que conforman la función ejecutiva«.
Sector social, el «puntal» de Moreno
En esta área, calificada como el «puntal» de la gestión del exmandatario, se destaca que por intermedio del programa «Toda Un Vida» se amplió la Red de Protección Social, «la más grande en la historia del país», a 509 mil nuevos beneficiarios con una inversión de $3.352 millones.
La Red está conformada por 1,5 millones de personas en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.
La creacón de bonos de asistencia social fue una estrategía común en el Gobierno de Moreno. El Bono de Protección Familiar, el Bono Galápagos, el Bono de Apoyo Nutricional, y el Pago de Contongencia por Contracción Económica, llegaron a 1,5 millones de «hogares con dificultades económicas».
Roger Celi, analista político, menciona que las tranferencias monetarias directas (bonos), muestran una «debilidad» del Gobierno de Moreno. La razón, su propuesta de campaña fue la de otorgar a la población «oportunidades de empleo» y no la de entregar «bonos«.
Acota que el incremento de la pobreza en el país evidencia que el Gobierno «no acertó en la entrega de bonos». Su entrega «satisfacen las necesidades emergentes pero las incrementan», puesto que la población crece exponecialmente, al igual que sus necesidades. Esto provoca la aparición de problemas, como por ejemplo, el aumento de la tasa de desnutrición infantil que supera el 20%.
«La única opción para que en su informe exista algo que se tenga que rescatar es la entrega de bonos», dice Max Donoso Müller, analista político. Desde su punto de vista la pandemia activó aun más la entrega de los bonos que, en algunos casos, si se convirtieron en una «ayuda social».
Reflexiona que el Gobierno de Moreno, al ser uno de transición, careció de «legitimidad«. Esto se agravó con el paro de octubre del 2019 y la presencia de la pandemia que limitó su radio de acción.
Tanto Celi como Donoso Müller, consideran que hubo falta de control y seguimiento en el anterior Gobierno sobre el destino de estos bonos. Coinciden que faltó verificar si los beneficiarios cumplían con los requisitos mínimos para acceder a ellos y que su utilización se limite exclusivamente a cubrir sus necesidades básicas. (AS)