Las reformas establecidas por los legisladores pondría en riesgo el dinero de los depositantes; y van en contra de las funciones constitucionales de las instituciones del sistema financiero.
Con 109 votos afirmativos y 18 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó reformas varias leyes entre ellas como de Apoyo Humanitaria y el Código Monetario y Financiero.
En la sesión desarrollada el pasado 16 de junio de 2022, se modificó el Código Monetario y Financiero para obligar a una reprogramación, refinanciamiento y hasta la suspensión del cobro de cuotas impagadas de cualquier crédito otorgado entre el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Igualmente, también se obliga a reprogramar el pago de cuotas de seguros generales, seguros de vida, asistencia médica y compañías de medicina prepagada. Según el proyecto reformatorio aprobado por los legisladores, los planes de medicina prepagada no podrán ser cancelados por parte de las compañías, ni podrán subir las primas cobradas por el lapso de un año posterior a la entrada en vigor de esta normativa. Es decir, se dispone que se ofrezca el servicios por 12 meses aunque no se cobre ni un centavo.
Asimismo, a través de una disposición transitoria, se dispone condonaciones totales de intereses en segmentos como microcrédito, crédito agrícola, productivo Pymes y todas las operaciones de la economía popular y solidaria.
Al respecto, todo el sistema financiero en pleno emitió un comunicado expresando su preocupación y rechazo sobre lo aprobado por la Asamblea. Ese comunicado está firmado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador (ANME).
«De acuerdo con el artículo 308 de la Constitución de la República es finalidad fundamental de las entidades financieras preservar los depósitos de los clientes, debiendo gestionar de forma apropiada la colocación de crédito y por ende la recuperación puntual de estos. En ese sentido, al estar las entidades financieras obligadas a colocar y recuperar responsablemente los créditos, la ley aprobada tiene tintes de inconstitucionalidad, ya que atenta contra los derechos de los millones de depositantes del sistema financiero nacional, poniendo en riesgo sus recursos, cuando pretende reprogramaciones generalizadas e incluso la condonación de obligaciones», puntualizaron todos los firmantes.
Además, se recordó que el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria, durante la crisis derivada del COVID-19, fue un puntal para amortiguar el impacto económico, apoyando con alivios financieros a más de 3 millones de clientes , siempre bajo parámetros técnicos y en resguardo de los recursos que le fueron confiados. Y durante el período actual de recuperación económica, han seguido apoyando en los casos puntuales que todavía han requerido su soporte.
«El sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria del Ecuador hace un llamado a los asambleístas y líderes políticos a la prudencia y cuidado, para que sus acciones no pongan en riesgo a millones de ecuatorianos que confían en bancos, cooperativas y mutualistas», concluye el comunicado.
Niveles de morosidad se han reducido
Otro de los argumentos para rechazar las reformas de los legisladores es que, a pesar de que ha aumentado el otorgamiento de créditos, los niveles de morosidad incluso han bajado.
Por ejemplo, la morosidad de la cartera de la banca privada pasó de 3,4% en mayo de 2020 a 2,16% en mayo de 2022. En el caso de la cartera de consumo, los préstamos impagos pasaron del 5,1% en mayo de 2021 al 3% en el mismo mes de 2022.
En las cooperativas. la tasa de morosidad también ha seguido la misma línea. En abril de 2020, la tasa de mora fue 5,4% y para abril de 2022 se ubicó en 4,3%.
Actualmente, la banca privada tiene créditos vigentes por $ 35.858 millones en mayo de 2022. De ese total, $1.444 millones, o el 4%, son cartera refinanciada o reestructurada. En las cooperativas, la cartera de préstamos llega a $14.117 millones, y el 2%, es decir 389,3 millones, se ha refinanciado o reestructurado.
Según todas las instituciones del sector, estas cifras muestran que los alivios financieros otorgados si fueron efectivos; pero más importante, que los ecuatorianos están pagando sus deudas de la mano de la reactivación económica. (JS)