Esas pérdidas solo son del periodo 2018 a 2021. El ministro de Economía dio un balance de la situación de 24 empresas estatales.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, Simón Cueva, ministro de Economía, dio un balance de las 24 empresas públicas que existen en el Poder Ejecutivo.
Según el funcionario, el 60% de esas empresas, es decir 15, acumulan pérdidas de $490 millones solo durante el periodo 2018 a 2020. Esas pérdidas se registraron a pesar de que desde el Estado recibieron $628 millones de asignaciones presupuestarias durante el mismo periodo.
Cueva puntualizó que, de las 24 dependencias, tres están extintas, ocho en liquidación y 13 activas.
Más de la mitad de las asignaciones, de acuerdo con el Ministro, se han destinado a sostener estructuras salariales de alto costo y cubrir pérdidas operativas.
Como resultado de una auditoría realizada a los estados financieros de las empresas públicas (EP), se evidenciaron varias irregularidades: balances sin cifras respaldadas con sustentos reales; patrimonios totales sin auditar y sin valoración cierta, entre otros hallazgos.
Cueva asimismo informó que, de acuerdo a una evaluación realizada en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las empresas públicas (EP) del país tienen un débil manejo financiero, poca transparencia, directorios con insuficiente eficiencia y con alto factor político, rendimientos económicos mermados y una débil institucionalidad.
El ministro alertó que la ley vigente no brinda la posibilidad de implementar acciones correctivas y que, por ello, el actual gobierno ha visto necesario insistir en reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP).
El objetivo es mejorar aspectos relacionados con la definición e institucionalidad de las EP, su gobernanza corporativa, régimen de excedentes y adquisiciones, régimen laboral, procesos de transformación, transparencia, vigilancia y control de la gestión de estas entidades.
Además, precisó que las reformas propuestas ratifican la propiedad del Estado sobre las EP y promueven la implementación de objetivos empresariales y la ejecución de políticas públicas con un rol instrumental y autosustentable en cada empresa pública.
Finalmente, Cueva recalcó que los cambios normativos permitirán la presencia de directorios profesionales en las entidades, sin incidencia política, e implementar políticas de género en directorios, entre otros beneficios.
Desde el anterior Gobierno se viene hablando de modificar la LOEP para que las EP se vean obligadas a presentar declaraciones ante el SRI y llevar balances al día. Sin embargo, no se ha concretado nada.
A más de las 24 empresas públicas de la Función Ejecutiva, en el país existen 275 empresas creadas por los gobiernos locales y 35 por universidades. La nueva normativa regiría para todas ellas. (JS)
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