Luego de una importante caída durante los primeros meses de la pandemia, el número de líneas celulares activas se ha recuperado a niveles pre pandemia.
De febrero a julio de 2020, con la llegada de la pandemia, el número de líneas activas de telefonía celular cayó en más de 1,16 millones. Eso refleja claramente el primer impacto económico de la crisis sanitaria, donde se produjo una reducción de más del 12% del Producto Interno Bruto (PIB).
A partir de agosto, sin embargo, se ha producido una paulatina recuperación. Así, hasta 31 de mayo de 2021, el total de líneas activas llegó a 15’976.259, lo que representa un retorno a los niveles similares a los alcanzados entre mayo y junio 2019.
En otras palabras, esta evolución, según la economista Andrea Domínguez, es una señal de una relativa reactivación económica. «Luego de un primer golpe traumático, la sociedad y el aparato productivo han comenzado a buscar formas de reencauzar sus actividades; pero todavía estamos lejos de recuperar el camino perdido en términos de empleo e ingreso de los hogares», dijo.
El 51% de las líneas activas, es decir, más de 8,2 millones, está manejado por Conecel S.A, comercialmente conocida como Claro. Otras 4,92 millones, lo que representa el 30,82%, está en manos de Movistar. Finalmente, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) acapara el 18,18% restantes, lo que suma alrededor de 2,82 millones de usuarios más.
Aumenta la conectividad, pero persisten zonas sin infraestructura
Según el último reporte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), en el país existen 8’923.231 de líneas con tecnología 4G. Sin embargo, el 57% de la infraestructura se concentran en Pichincha (2051 radiobases) y Guayas (2025).
Esto tiene razones económicas, debido a que en las zonas más pobladas es más rentable concentrar las redes para la provisión del servicio. En los sitios más alejados, como por ejemplo cantones amazónicos de difícil acceso, la infraestructura debería llegar a través de la correcta utilización del fondo de servicio universal.
Ese fondo se alimenta con entre 30 millones y 40 millones del 1% de facturación anual de las operadoras en el país. En los últimos 10 años, el monto acumulado supera los $300 millones, pero no se ha utilizado para invertir en la conectividad, sino para gasto corriente dentro del Presupuesto General del Estado (PGE).
Esa contribución es parte de la carga de impuestos y tasas que todavía tiene el sector de las telecomunicaciones y debería racionalizarse, tanto en los porcentaje como en el destino del gasto.
Con corte al 31 de mayo 2021, en 405 parroquias a lo largo del Ecuador no existe ningún tipo de infraestructura de telefonía celular, más específicamente radiobases.
Así, por ejemplo, esa realidad se presentan en 117 parroquias de las 6 provincias amazónicas: Zamora Chinchipe (25), Sucumbíos (16), Pastaza (11), Orellana (16), Napo (11), Morona Santiago (38).
Otro caso es el de Loja, donde se registran 63 parroquias sin infraestructura in situ; mientras en provincias más grandes como Azuay y Esmeraldas, las cifras llegan a 32 y 26, respectivamente.
En los dos grandes polos del país, por su parte, existen tres parroquias en Guayas sin la tecnología montada en terreno (San Jacinto, la vitoria, General Pedro Montero); mientras en Pichincha se verifican siete (San José de Ayora, Chaupi, Tocachi, Atahualpa, Chavezpamba, Cotogchoa, Rumipoamba). (JS)
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