Hay quejas de que, a pretexto de la reactivación económica, las personas sufren acoso desde los call centers para vender o promocionar productos y servicios.
En junio de 2021, Diario LA HORA publicó que, en promedio, un ecuatoriano puede ser contactado hasta seis veces al día por una misma empresa para tratar de venderle un producto o servicio. Esta realidad, aunque sin cifras exactas sobre su avance, ha empeorado en los últimos meses y comienza a estar en el radar de las autoridades.
Este 1 de diciembre de 2021, a través de un comunicado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) denunció que han detectado un continuo crecimiento de las llamadas telefónicas con fines comerciales.
Esas llamadas, que se realizan mediante call centers, son uno de los principales mecanismos para promocionar o vender productos y servicios a potenciales consumidores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas contactadas no han autorizado expresamente que su información circule en bases de datos con fines de mercadeo.
En este contexto, la SCPM hace un exhorto para que las empresas y los call centers cumplan, en todo momento, con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.
En esa normativa se prohíben los actos de engaño, acoso o influencia indebida sobre los consumidores.
«El artículo 27 numeral prohíbe a los operadores económicos que realicen prácticas desleales agresivas de acoso, coacción e influencia indebida que mermen la capacidad de elección del consumidor o que incida ilegalmente en su comportamiento», dice el comunicado.
La SCPM aseguró que si obtiene evidencias sobre malas prácticas y abusos iniciará investigaciones de oficio, las cuales pueden llevar a sanciones por conducta desleal y distorsión de la competencia
Además, la Superintendencia hizo un llamado a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) para que promueva y vigile el cumplimiento de las Resoluciones 2020-074 y 2J20-0326.
Esas resoluciones, que en teoría obligan a que toda llamada comercial, publicitaria y proselitista esté claramente identificada, se han cumplido mal y a medias.
Desde 2018, se ha anunciado en varias ocasiones por parte de autoridades que se va a controlar este tipo de prácticas, pero los usuarios ecuatorianos se siente en la indefensión y sin acciones claras por parte de las autoridades.
De acuerdo con la SCPM, a pretexto de impulsar la reactivación económica, no se puede justificar el uso indiscriminado y sin control de las llamadas de tipo comercial o mercadeo.
La Ley de Protección de datos personales, que establece mecanismos para que cualquier usuario exija la eliminación de su información de las bases de ventas, todavía demorará dos años en implementarse.
Mientras tanto, los consumidores tiene pocas e ineficientes opciones de denuncias como la Defensoría del Pueblo y la misma Arcotel. (JS)
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