Un verdadero sistema de focalización busca liberalizar precios para la mayoría y dar ayudas a sectores más vulnerables al aumento de precios.
Luego del paro violento de junio de 2022, el subsidio por cada galón de diésel y gasolina extra aumentó en $0,15. Esto como resultado del decreto No 467, el cual entró en vigencia desde el 1 de julio de 2022.
Si se toma en cuenta que el país consume alrededor de 220 galones de diésel al mes, solo en ese combustible se generó un gasto adicional, que pierde la oportunidad de ir a más salud o educación, de por lo menos $33 millones.
Pero, sin en lugar de seguir aumentando el subsidio, se hubiera dado pasos hacia una real focalización a través, por ejemplo, de un aumento directo de $10 para los más de 1,45 millones de beneficiarios de los bonos sociales, el resultado habría sido un gasto de menos de la mitad, es decir, de $15 millones adicionales.
Además, este tipo de transferencias directas, de acuerdo a estudios de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son más eficientes y ayudan de mejor manera a los más pobres para enfrentar los aumentos de precios (en épocas de alta inflación) y a no deteriorar más su calidad de vida.
Según Vicente Albornoz, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, explicó que el hecho de que no se hayan buscado este tipo de soluciones, dentro de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, transparentan claramente que » el objetivo con los combustibles, y su subsidio, no era beneficiar a los más pobres»
En la práctica, el acuerdo alcanzado de mantener un subsidio generalizado, pero incluir excepciones supuestamente a los más ricos, anula completamente la posibilidad de una real focalización. Para que se dé una real focalización, una liberalización de precios para la mayoría es indispensable, y, por el otro lado, se deben implementar ayudas directas a sectores sensibles como los de menores niveles de ingreso y transporte público.
La fórmula que quiere implementar el movimiento indígena mantiene el subsidio para el 90% de los vehículos en el país. Y, la eliminación o disminución del subsidio para las grandes industrias de exportación, como la camaronera y atunera, generaría un ahorro de menos de $150 millones al año.
Ese monto mínimo, que representa menos del 7% del gasto total en subsidio a los combustibles, según esos sectores exportadores se compensa con los niveles de ingresos que generan para el país (más de $8.000 millones para 2022) e incluso con los gastos de más de $82 millones que deben hacer en seguridad para suplir las deficiencias del Estado. (JS)
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