Con 136 votos a favor se aprobó esta noche, 16 de agosto de 2021, la censura al excontralor Pablo Celi de la Torre. Durante dos años no podrá ejercer un cargo público.
El pleno de la Asamblea Nacional resolvió censurar a Pablo Celi por incumplir sus funciones. Además dispuso que el expediente integral sea enviado a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen el caso de forma penal.
Por unanimidad el #PlenoLegislativo aprueba el proyecto de resolución que censura al excontralor #PabloCeli por incumplimiento de funciones. La censura consiste en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a esta resolución. pic.twitter.com/KDlobZFook
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 17, 2021
El juicio político a Pablo Celi arrancó esta mañana, 16 de agosto de 2021, a las 09:20, en el salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional, centro norte de Quito.
El debate se centró en resaltar las raíces del exfuncionario, tanto en el gobierno del ex presidente Rafael Correa como en el mandato de Lenin Moreno. Durante el debate se registró al menos 18 intervenciones de 10 minutos cada una.
Joel Abad, asambleísta por Pachakutik, leyó la hoja de vida de Pablo Celi resaltando los diversos cargos que ocupó como funcionario público en los dos gobiernos. “Enojados los compadres, se dicen las verdades”, dijo Abad en referencia a las críticas de Celi al Gobierno correísta.
Abad dijo ante el pleno de la Asamblea Nacional que existe un proceso de amnesia, pues la corrupción no inicia en el 2017, sino con Odebrecht, en el gobierno del expresidente de Rafael Correa, explicó.
En ese sentido, Ana Belén Cordero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que no hay que olvidar que Pablo Celi fue designado por Carlos Polit, excontralor procesado por actos de corrupción.
Cordero apoyó la moción de censurar a Celi, pero sin deslindarlo de sus raíces en el Gobierno de Correa.
Los asambleístas correístas se defendieron. Fausto Jarrín, legislador por Pichincha, dijo que están juzgando a Celi y no a Rafael Correa. “No existen, si no lo nombran”, dijo. Además, acusó al Consejo de Participación y Control Social Transitorio por su intromisión en la justicia y en la designación de Celi.
En esa misma línea, la asambleísta Luisa González conminó a los legisladores a hablar “toda la verdad respecto a la inversión pública en el gobierno de Rafael Correa”. Aseguró que el régimen de la Revolución Ciudadana fue el primer en denunciar casos de corrupción.
Del otro bando, el legislador de Pachakutik, Salvador Quishpe, señaló que no se puede hablar solo de juicio político a Celi, sin nombrar a Correa. Recordó a los contratos firmados en el campo minero y petrolero, en los anteriores gobiernos.
¿Se garantizó el derecho a la defensa?
Pablo Celi arrancó su discurso afirmando: “ustedes han traído aquí a un reo de conciencia, acusado por sus actuaciones que entraron en conflicto con los poderes viejos y renovados a los que enfrenté con decisión”.
En su comparecencia de tres horas, aseguró que el juicio político en su contra “no es un acto de cuentas justas e imparcial, es el escenario de una contienda política, para encubrir los intereses que están en juego”, sostuvo.
La vicepresidente de la Comisión de Fiscalización rechazó el argumento de Celi. Enfatizó que durante el proceso, sí se le garantizó el derecho a la defensa.
En la presentación de sus alegatos, Juan Cristóbal Lloret (Unes) y la legisladora Viviana Veloz (Unes) argumentaron las causales del juicio político.
El asambleísta interpelante nuevamente argumentó los seis elementos que permitirían censurar al exfuncionario. Entre ellos está el incumplimiento de funciones, los contratos con HDC de Daniel Salcedo, la interferencia en el proceso electoral y la intromisión en las funciones de del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Celi no reveló la “lista de Celi”, pero salpicó a Lloret
Pablo Celi en su intervención no reveló la “lista de Celi”, como lo habían anunciado varios legisladores
Celi dijo: “Quienes pretendan esta otra lista de mi parte para inculparse mutuamente y saciar los fines de venganza o chantaje, se equivocan”. Agregó “cada uno de los asambleístas de esta y la anterior Asamblea Nacional saben las responsabilidades que debe responder a la Contraloría, que son muchos por supuesto”.
Sin embargo, sí dio un nombre: Juan Cristóbal Lloret. Pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional que verifiqué un informe sobre “operaciones económicas sospechosas” de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), relacionados a Lorret. Advirtió que era competencia de la Asamblea verificar esta información. (MC)