Desde este 24 de agosto de 2022, el pleno de la Asamblea tiene 30 días de plazo para negar o allanarse al veto del Ejecutivo.
Desde pasado el mediodía de hoy, 24 de agosto de 2022, en la Asamblea Nacional reposa la objeción parcial que realizó el Ejecutivo a las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que se aprobó en el Legislativo el 21 de julio.
El veto a la normativa tiene carácter “mixto”. Consiste en haber enviado 17 objeciones a consulta de los jueces de la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncien sobre su constitucionalidad o no; y otros 34 articulados fueron puestos para conocimiento y resolución de pleno del Parlamento.
Entre los 17 artículos que el gobierno remitió a la CC por considerarlos que vulneran derechos son entre otros, la eliminación de la “opinión» del contenido comunicacional, definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.
El Gobierno entregó a la @AsambleaEcuador la objeción parcial a las reformas de la #LeyDeComunicación. El documento, suscrito por el presidente @LassoGuillermo, fue entregado por Jhossueth Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la @Presidencia_Ec. pic.twitter.com/kZ2oQadvhs
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) August 24, 2022
Además consta la definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior, la designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia, poder de decisión de los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales, exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios, y adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias
Mientras que en los 34 artículos vetados se incluye, por ejemplo, suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, modificar la composición del Consejo de Comunicación, evitar limitaciones en la difusión de contenidos para la protección de derechos.
Asimismo, limitar la creación de medios de comunicación oficial, suprimir la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación, eliminar censura en internet y redes sociales, suprimir el llamamiento a concurso público para la adjudicación de las frecuencias.
Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, señaló que el veto es un compromiso cumplido por Guillermo Lasso, presidente de la República. Con lo que se evitará que “resuciten los fantasmas de la censura”, y que se utilicen los concursos de adjudicación de frecuencias como «moneda de cambio» para la opinión.
El Gobierno hizo un llamado a la Asamblea para que contribuya en la construcción de un Ecuador en el que la libertad de expresión sea pilar fundamental de la democracia. (SC)