Al límite del plazo, la Asamblea resolvió la objeción parcial al proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El parlamento aceptó 1 observación presidencial y rechazó las otras 20, ratificando el texto que originalmente se aprobó
Este sábado 6 de agosto, la Asamblea Nacional retomó el debate en el que se debía brindar una resolución a las 21 objeciones del presidente Guillermo Lasso sobre el Uso Progresivo de la Fuerza. Con 123 votos la Asamblea negó el veto de 20 de las 21 observaciones que envió el Ejecutivo, allanándose solo a la objeción quinta del artículo 14, relacionada con el nivel de uso legítimo de la fuerza ante una amenaza, donde se establece que podrán emplearse de manera combinada, con el objeto de lograr la neutralización de la resistencia o agresión de la persona intervenida.
El texto de la Asamblea establecía que para hacer uso diferenciado de la fuerza se podrían aplicar subniveles, párrafo que fue eliminado por el gobierno y aceptado por la Comisión, que se allanó en este tema.
Después de un extenso debate, el Parlamento realizó dos votaciones: una para el allanamiento y otra la ratificación. Los votos para este segundo punto vinieron de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID). El pleno necesitaba cumplir con al menos 92 votos, se consiguieron 96.
#PlenoLegislativo | El secretario Álvaro Salazar informa los resultados de la votación:
136 presentes
96 a favor
40 abstenciones.
Se aprueba la ratificación de los textos originales que ya fueron aprobados en el Pleno de la Asamblea.#UsoLegítimoDeLaFuerza pic.twitter.com/WmyxwzGtVr— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 6, 2022
El paso 7 de julio de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional 21 objeciones al proyecto de Ley que se había aprobado el 7 de junio.
Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encontraban temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones, rendición de cuentas, participación de militares en estado de emergencia y excepción, fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza, y, que los servidores (policías y militares) regulados por la ley no cometen infracción penal en el cumplimiento de su deber legal. Ninguna de estas objeciones fueron aceptadas.
Sin embargo, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática), presidente de la Mesa de Soberanía, dijo en varias ocasiones que se debía hacer un “análisis profundo” de la propuesta presidencial ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza. (MP)