La Asamblea atenderá el pedido de Verónica Abad para que se fiscalice a Gabriela Sommerfeld e Ivonne Núñez. La Vicepresidenta dice que el Gobierno busca separarla del cargo.
La Asamblea Nacional volverá a ser árbitro en el impasse político-electoral que desde hace casi diez meses mantiene el presidente de la República, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad, designada embajadora en Israel (en Turquía desde el 9 de septiembre de 2024).
El 14 de junio de 2024, el Parlamento se pronunció en contra de una solicitud de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se autorice un juicio penal en el marco de una indagación fiscal en el caso Nene y evitó el levantamiento de la inmunidad de Abad.
Tres meses después de ese episodio, para el 24 de septiembre, se prevé que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), convoque a una sesión en la que el Pleno analizará un pedido de Abad para que se fiscalice a las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; y de Trabajo, Ivonne Núñez.
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El tratamiento en el Pleno de la solicitud de Verónica Abad
Sobre la base del artículo 9, numeral 21 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL), que tiene que ver con las funciones y atribuciones de la Asamblea, el Pleno podría resolver, con la autorización del voto de mayoría (70), la comparecencia de las ministras para solicitarles información.
El 8 de mayo de 2024, la Asamblea ya aplicó el artículo 9, numeral 21 de la LOFL. En esa ocasión, con 115 votos, se aprobó la comparecencia al Pleno de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, para que explique sobre el otorgamiento de licencias ambientales en Olón. La funcionaria asistió al Pleno el 28 de mayo.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explicó que en la LOFL no está reglamentado que, con una solicitud de una autoridad del Estado (Abad), se fiscalice a ministros o funcionarios. La facultad de fiscalización y control político es competencia de los legisladores, señaló.
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Otros posibles escenarios
De acuerdo con otros criterios, el Presidente de la Asamblea, al poner en consideración la carta de Abad se podría resolver que, a través de una resolución, se encargue el tratamiento del caso a la Comisión de Fiscalización o Relaciones Internacionales, o llamar la atención a las ministras para que se respete la institucionalidad.
En las próximas horas, las bancadas adoptarán una postura. Camilo Salinas (Construye), anticipó que evaluarán el tema y los justificativos de Abad, así como el derecho a la réplica de las ministras. En todo caso, puntualizó que en los procedimientos debe primar la Constitución.
Gisella Molina (PSC), a título personal, también señaló que realizará un análisis de la solicitud, pero indicó que es evidente que el jefe de Estado tiene una serie de complejos contra las mujeres. (SC)
Abad advierte que buscan sacarla del cargo
En la carta, la Vicepresidenta expone detalles a partir de su designación como embajadora en Israel, hasta el inicio del sumario por presuntamente haber demorado su traslado desde Israel hasta Turquía. Según Cancillería, Abad debía presentarse en Turquía el 1 de septiembre, pero llegó a ese país el 9 de septiembre.
Según Abad, con el sumario se buscaría acusarla de «abandono del cargo», aplicándole la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), cuando el propio Ministerio de Trabajo determinó que sobre ella rige la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), por sus funciones diplomáticas.
“El sumario administrativo iniciado en mi contra no es sino otro acto persecución política y hostigamiento en mi contra, pues es de conocimiento público y notorio que el Presidente de la República ha instaurado varios mecanismos para impedir reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura, de tal forma que el Gobierno Nacional ha desplegado todo su aparataje institucional para separarme del cargo», dice la carta.
Abad añade que fue la propia Cancillería la que entorpeció su traslado a la capital turca, Ankara, y nunca tuvo respuesta sobre la forma en que operaría el traslado de sus hijos, debiendo ocuparse ella mismo de su retorno a Ecuador.
El pedido concreto es la fiscalización a Núñez y Sommerfeld y se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo.