Elecciones 2025: Pugna Ejecutivo-Legislativo se mantiene a un día del cierre de la campaña

PERSONAJES. Daniel Noboa, presidente de la República (ADN); Esther Cuesta (RC), presidenta de la Asamblea Nacional.
PERSONAJES. Daniel Noboa, presidente de la República (ADN); Esther Cuesta (RC), presidenta de la Asamblea Nacional. El Gobierno aún no precisa cómo se actuará para el cierre de campaña; en el Parlamento esperan la solicitud de licencia sin remuneración. (Fotos archivo).

La sentencia de la Corte Constitucional es el nuevo motivo de fricción entre Daniel Noboa y los legisladores que apuntan a la reelección.

La conflictiva relación política entre el Gobierno y la Asamblea Nacional se mantiene a un día de que termine la campaña electoral para la primera vuelta de los comicios del 9 de febrero de 2025.

La sentencia del 3 de febrero de 2025 de la Corte Constitucional (CC), que declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 firmados por el presidente-candidato Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional), con los que encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert, es el nuevo motivo de fricción entre el Ejecutivo y los legisladores que apuntan a la reelección.

Para el Legislativo, controlado por el correísmo, la sentencia de la CC “constituye una muestra más de que el primer mandatario actuó contrario a la Constitución” al no respetar la sucesión presidencial (pedir licencia y encargar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad).

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La Asamblea también pide que su actuación sea observada por las “instancias competentes”, según el ordenamiento jurídico vigente. “Todos los ciudadanos, sin excepción, tenemos la obligación de cumplir la norma”, advierte la Asamblea.

Para el Gobierno, el pronunciamiento de la CC no supone un revés para Noboa, porque deja intacto el encargo a Cynthia Gellibert. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aún no precisa cómo actuará el presidente-candidato para el cierre de la campaña previsto para el 6 de febrero de 2025, o ante una eventual segunda vuelta contemplada para el 13 de abril.

La oposición en el Parlamento pide la intervención del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de la Contraloría (control uso de recursos del Estado en campaña).

Escenario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

En un escenario más radical, la actuación de Noboa, e incluso de Gellibert, podría ser observada en la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Pero los plazos  y las condiciones políticas (nuevas mayorías legislativas) para este procedimiento tendrían que esperar luego de las elecciones del 9 de febrero.

Esta es la última semana en la que actuarán los legisladores suplentes. Desde el 10 de febrero, los puestos serán retomados por los principales que solicitaron licencia para la campaña por la reelección.

En la Comisión de Fiscalización está todavía pendiente el trámite de solicitudes de juicio político, entre ellas a Johana Verdezoto, vocal del Cpccs. Los plazos de varios pedidos de interpelación podrían extenderse hasta mayo de 2025 cuando haya concluido el actual periodo legislativo, y deban asumir los 151 nuevos legisladores que serán electos en los comicios de febrero.

Fernanda Robles, asambleísta suplente que el 15 de enero fue expulsada de las filas de ADN, opina que en la Asamblea y en la  Fiscalía se debería investigar una presunción de supuesto peculado por un uso de fondos públicos para la campaña, y el caso de Gellibert por presunta arrogación de funciones.

“Nadie está por encima de la ley, incluso, aunque sea el primer mandatario que está llamado a dar ejemplo; no estamos en defensa de un color (de partido político), sino de la institucionalidad y el respeto a la Constitución”, señala Robles.

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Para Gisella Garzón (Revolución Ciudadana), el dictamen de la CC fue tardío, al cierre de la campaña y ha permitido, con ese silencio, que se atente a la Constitución y haya inequidad para el resto de candidatos. “El dictamen sienta un mal precedente nefasto y da paso a que personas como el Ministro de Gobierno digan que no hace falta decreto (para encargar la Presidencia de la República), que puede ser con resolución, vía mail o un mensaje de WhatsApp para informar de un encargo”, reprocha Garzón.

Garzón considera que es inconstitucional el encargo de la Vicepresidencia, y “peor a través de este tipo de argucias para estirar la norma a conveniencia”.

En el siguiente periodo legislativo (mayo 2025) se configurará un nuevo escenario. Con una Asamblea de 151 legisladores, en la Comisión de Fiscalización se necesitarán cerca de 51 firmas de respaldo (hoy son 34) para sustentar una solicitud de juicio,  entre 8 y 9 votos (ahora se necesitan 5) para aprobar informes que recomienden o no juicios políticos.  La mayoría (para censura y destitución) en el Pleno será de 101 votos (hoy se requieren 92). (SC)

‘Los tiempos para renovar la Corte le serían favorables al Presidente’

Paúl Córdova, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que cualquier persona, o grupo social o político, podría presentar ante la Corte Constitucional una demanda de acción de incumplimiento de la sentencia del 3 de febrero de 2025, que declaró inconstitucional el decreto 500 con el que se encargó la presidencia a Cynthia Gellibert.

Sin embargo, Córdova reconoce que la actual CC, como está conformada, no alcanzará a resolver una eventual demanda de incumplimiento. “La resolución de una acción de incumplimiento dura al menos tres años”, sostiene Córdova.

En menos de dos meses, la Corte Constitucional será renovada con la integración de nuevos jueces. “Los tiempos políticos coincidirán con la renovación de la Corte, y los números y votos le podrían ser favorables al presidente de la República”, sostiene Córdova.

Roger Celi: «Asamblea dejará de lado la agenda social y los temas de interés ciudadano»

Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), cree que, desafortunadamente, en este caso como se ha visto en los últimos años, la Asamblea dejará de lado la agenda social y los temas de interés ciudadano.

“La historia se podría repetir porque básicamente son los mismos cuadros políticos, y las organizaciones que llegarán a la Asamblea repetirán la pugna político-partidista”, señala.

Para Roger Celi, esto tendrá un denominador común: “pelear por el poder por los intereses partidistas de las organizaciones”, dice.

En ese caso, sostiene que podrían llegar a configurarse escenarios de solicitudes de juicios, mociones de censura, fiscalización a ministros, interpelaciones a jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si no se llegan sancionar infracciones electorales presuntamente cometidas en campaña.

El Parlamento cuenta con muchas herramientas para sancionar, frenar y obstaculizar. Sin embargo, esto también estará en función de la próxima conformación de la Asamblea:

1. Si la próxima Asamblea está conformada como la actual, se tendrá una Asamblea que presiona, pero no logra sancionar o concretar
2. Si se conforma una Asamblea de mayoría oficialista no logrará obstaculizar el programa de gobierno
3. Si se conforma una Asamblea, mayoritariamente, de oposición, posiblemente se concreten acciones de fiscalización y derivaría en otro escenario complejo que tuvo el expresidente Guillermo Lasso que tuvo que disolver el Parlamento
Para Roger Celi, esto dependerá de los resultados del 9 de febrero y cómo se asignen los escaños.

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Disputas entre el Gobierno de Noboa y la Asamblea

Ejecutivo y el Legislativo han intensificado los golpes de efecto para truncar las intenciones del otro en los últimos meses:

  1. El 27 de noviembre, la oposición en el Legislativo archivó rápidamente el proyecto urgente Antilavado, en la sesión en la que debía llevarse a cabo el primer debate de la propuesta presidencial.
  2. El Gobierno rechazó la decisión y pidió a los legisladores que lleven a cabo los dos debates. Pero no sucedió. Casi dos semanas después, el 10 de diciembre, ese mismo proyecto fue remitido al Registro Oficial por el presidente Daniel Noboa, como un decreto ley.
  3. El Gobierno ha utilizado su capacidad de vetar totalmente las propuestas que salen de la Asamblea. Desde mayo, el mandatario ha objetado totalmente ocho proyectos de ley.
  4. El último ejemplo fue el 5 de diciembre, con la Ley de Lactancia Materna. A este le antecedieron los proyectos de Cultura, reformas a la Ley del Registro, reformas ambientales, de Prevención de Incendios, de Asignación Directa a los Gobiernos Locales y reformas judiciales.
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