Reformas en aspectos financieros, laborales y de salud, son los principales puntos que se abordarán en la sesión del pleno de este 23 de noviembre.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó al Pleno para tratar en primer debate el informe del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.
Este informe, que incluye varias propuestas relacionadas a temas financieros, laborales, educación y salud, estuvo a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales liderada por Pachakutik y mañana, 23 de noviembre, será debatido por los 137 legisladores.
El asambleísta Mario Ruiz (PK) será el encargado de exponer los puntos principales sobre los cuales exigirán una reforma. «Esta Ley supuestamente iba a sostener el empleo, la salud y otros temas, pero eso no fue así. Al mes de publicada la Ley ya hubo demandas de inconstitucionalidad por parte de los trabajadores y, actualmente, ha mandado a la calle a miles de empleados», señala Ruiz, para quien es una urgencia reformar esta Ley.
La Ley de Apoyo Humanitario fue publicada en el Registro Oficial el 22 de junio de 2020 con la finalidad de establecer medidas de apoyo humanitario, fomentar la reactivación económica y productiva del país, y la «reactivación de las economías familiares y empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las condiciones de empleo», según cita el primer artículo de esta Ley.
Aspecto financiero
Sin embargo, para el asambleísta Ruiz, la principal reforma a esta norma está relacionada al tema financiero en donde se propone una moratoria de deudas en el sistema financiero por un año a partir de la publicación de la Ley y «la obligación de las entidades financieras de reestructurar y refinanciar estas deudas con intereses inferiores a los que fueron otorgados los créditos». Ruiz añade que se debería abrir una línea de crédito para los agricultores y transportistas con intereses de máximo un 9%.
Aspecto laboral
Uno de los puntos que se debatirán es la derogatoria del artículo 20 de la ley mencionada que establece que el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50% por eventos de fuerza mayor o caso fortuito «debidamente justificados».
Frente a esto, Ruiz argumentó que «estamos derogando los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley, y estamos estableciendo un puntaje adicional de 15 puntos en los concursos de méritos y oposición a los trabajadores que hayan participado o colaborado en primera línea en cuanto al Covid-19″.
Esta propuesta fue iniciativa de Victoria Desintonio (UNES) quien, en su momento, solicitó que sea derogado todo el capítulo tres de la Ley que establece «medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo».
Trabajo virtual
En este ámbito, los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales sugieren que se debe mantener el trabajo virtual, por ejemplo, para mujeres embarazadas y trabajadores con problemas de salud. «Los empleadores deben respetar las horas de desconexión y deben proveer a los trabajadores las herramientas para laborar de forma virtual», puntualizó Ruiz.
Salud
La principal propuesta en los temas de salud tienen que ver con la regulación de los costos de clínicas y hospitales en cuanto a servicios de cuidados intensivos e intermedios. «No es posible que la gente se haga millonaria a costa del sufrimiento de otras personas. Esto tiene que ser regulado», advirtió Ruiz.
Por su parte, Paola Cabezas (UNES) señala que desde su punto de vista esta norma debe ser derogada en su totalidad. «La Ley no cumplió su rol. Fue nefasta y nociva para el pueblo ecuatoriano y los trabajadores. Sin embargo, no solo depende de mi opinión como Paola Cabezas, hay otros sectores que han planteado reformas aduciendo que se la puede mejorar. En una discusión amplia y democrática hay que escuchar a todos los sectores», asegura.
Luego de este primer debate, los legisladores presentarán sus sugerencias y observaciones a la Comisión de Garantías Constitucionales, cuyos integrantes realizarán un segundo informe que será presentado para segundo debate en alrededor de un mes o un mes y medio, según afirmó el asambleísta Mario Ruiz. (MFU)
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