Asamblea aprobó la derogatoria de la reforma tributaria de Lasso

Con 100 votos a favor y 13 en contra, la mayoría de legisladores rechazaron la normativa; pero el presidente de la República puede vetar totalmente esta decisión.

Este 29 de noviembre de 2022, la mayoría de la Asamblea, comandada por el bloque correista, Pachakutik y socialcristianos, entre otros, dieron 100 votos para aprobar la reforma tributaria de Guillermo Lasso.

Esa reforma tributaria, que se había aprobado por el ministerio de la ley hace un año (noviembre de 2021) fue rechazada porque según los legisladores constituye un golpe al bolsillo de la clase media y de los microempresarios.

Esta decisión, sin embargo, ahora pasará a la cancha del presidente de la República, que podrá vetarla totalmente.

Con ese veto, la ley quedará vigente un año más, y luego de ese plazo, la Asamblea podrá volver a votarla para ratificar la derogatoria.

Si finalmente se deja sin efecto la normativa, se perderían más de $600 millones de ingresos adicionales para el presupuesto estatal.

Esos millones representarían aumentar casi en un 25% el déficit fiscal o reducir en más del 40% los recuross disponibles para temas como los llamados bonos sociales.

En su momento, José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía del Gobierno de Lasso, explicó que la reforma tributaria afectaba a menos del 5% de los ecuatorianos, y no a la clase media, en el tema de los cambios en el pago del impuesto a la renta.

Además, también ha rechazado que los mismo asambleístas que piden más recursos para salud, educación, entre otros destinos, dejen sin fuentes de financiamiento al presupuesto estatal.

Asamblea también objetó la proforma 2023

Antes de aprobar la derogatoria de la reforma tributaria, la mayoría de asambleístas también objetaron la proforma 2023.

Entre las razones argumentadas están que el Gobienro proyecta un crecimiento irreal para la economía durante el próximo año; además se aseguró que el precio de $64  por barril está subestimado y debería ser mayor.

El Gobierno tiene 10 días para responder; y la Asamblea debería votar para ratificarse en sus objeciones.

Sin embargo, al final, según la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, la proforma se ejecutará pase lo que pase.

Es decir, el control de la Asamblea es meramente formal y no puede impedir que el presupuesto del Ejecutivo se aplique en 2023. (JS)