Entre gritos y cuestionamientos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el reglamento para elegir al reemplazo de Pablo Celi.
Con cuatro votos afirmativos se aprobó el reglamento para la elección de Contralor. La aprobación ocurrió en la sesión extraordinaria que se desarrolló la tarde y noche de este domingo 18 de julio de 2021 de manera virtual. Los siete consejeros se dieron cita para conocer y aprobar este proyecto, que incluiría los aportes de la sociedad civil.
El secretario dio lectura al texto, pero su contenido generó incertidumbre en los consejeros de minoría Hernán Ulloa, Francisco Lorenzo Bravo y María Fernanda Rivadeneira; denunciaron que el documento habría sido mutilado, pues se modificó el artículo 38 y se eliminó el artículo 40, 42 y 45 del reglamento que hace referencia a la evaluación práctica y a la convocatoria del equipo de catedráticos y pedagogos. Además, se cambió la puntación del cuadro de valoración en relación a la formación, experiencia y capacitación.
El proyecto borrador original señalaba que los postulantes debían rendir una evaluación práctica calificada con 20 puntos; no obstante, la propuesta aprobada eliminó este requisito y estableció 50 puntos para la prueba de conocimiento y 50 puntos para los méritos, lo que suma los 100 puntos necesarios.
También en el proyecto presentado este 18 de julio, se eliminó la frase que determinaba que los postulantes que no concurran a rendir la prueba de conocimientos en el lugar día y hora fijados sean descalificados del proceso.
Estas son algunas de las modificaciones aprobadas con los cuatro votos de mayoría, correspondientes a Sofía Almeida, presidenta; David Rosero, vicepresidente; y los consejeros Juan Javier Dávalos y Gabriela Iveth Estupiñan.
Tras la lectura de proyecto de reglamento, el vicepresidente del Consejo David Rosero mocionó que se apruebe de forma integral el proyecto. Esto disgustó a los consejeros de minoría que pedían debate.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dio paso a las intervenciones de los consejeros. Hernán Ulloa explicó que la eliminación de la evaluación práctica sugerida por la ciudadanía no fue motivada ni explicada. Por lo cual cuestionó que esta se haya eliminado del reglamento y propuso que en la prueba escrita se incluya la prueba práctica.
Según Rosero, la propuesta de eliminación vino del ciudadano Byron Andrés López Ríos y él argumentó que la “prueba práctica puede tener altos niveles de subjetividad, con lo cual el concurso puede volverse inestable y vulnerable”. En este sentido, Rosero dijo que se acogió este criterio. No obstante, en el documento ingresado por López no consta esta explicación.
Por los cambios realizados en el proyecto, Ulloa mocionó la suspensión de la reunión por 24 horas, para analizar artículo por artículo, es decir, las 26 páginas y 53 artículos de la propuesta. Esta moción no fue puesta a votación del pleno del Cpccs. La presidenta, dijo: “Hemos tenido un mes para trabajar y necesitamos dar respuestas a la ciudadanía”.
La consejera Rivadeneira señaló que no se está tomando en cuenta a la ciudadanía porque al Cpccs llegaron 14 aportes de instituciones y personas naturales con 87 observaciones para el proyecto y que solo ocho fueron tomados en cuenta. Mediante Quipux, la consejera envío sus modificaciones al reglamento.
Por su parte, el consejero Bravo señaló que las modificaciones actuales cambian los valores y porcentajes a la formación y capacitación de los postulantes. Preguntó cuál fue el criterio técnico para dichas modificaciones, pero no obtuvo respuesta.
Cerca de las 22:00, la presidenta del Cpccs aseguró que se había debatido lo suficiente y llamó a votación de dos mociones: una, la incorporación de todos los cambios sugeridos por los consejeros al reglamento, y dos, la aprobación integral del reglamento en sí. Esta propuesta fue hecha por el vicepresidente Rosero.
Los tres consejeros de minoría cuestionaron esta moción porque -a su juicio- hasta el momento de la sesión se desconocían si sus observaciones iban o no a ser incluidas y en el caso de serlas cuáles serían los cambios que se van incluir, en qué parte se harían las modificaciones y cómo quedará la versión final del texto. No obstante, la presidenta dio paso a la votación.
Rivadeneira insistió en que no eran ilegales las observaciones de la ciudadanía y empezó a explicar sus modificaciones; en ese momento, la presidenta del Cpccs la interrumpió y le exigió que consignara el voto. Los gritos de Almeida y Rivadeneira se entrecruzaron. Almeida la acusó de dilatar el proceso, mientras que Rivadeneira le decía que no mintiera al país. Tras no conseguir el voto, se silenció el micrófono a Rivadeneira. El consejero Bravo objeto este accionar y también fue silenciado. Almeida gritaba: “no le mienta al país, no difame el proceso, usted está difamando el proceso y deslegitimando, qué intereses tendrá usted consejera”.
El ambiente se caldeo más en la votación del reglamento. Almeida acusó de dilatar el proceso a los tres consejeros de minoría. Dijo “no lo van a lograr”. En ese momento, Hernán Ulloa pidió la apelación de la presidenta Almeida, es decir, que la sesión sea dirigida por el vicepresidente del Consejo hasta que el peticionario motive la apelación y la presidenta se defienda; luego se llamaría a votación al pleno. Esta acción tampoco avanzó, Ulloa presentó sus argumentos y Rosero llamó a votación. Tras el cruce de palabras, la presidencia volvió a Almeida y Ulloa fue silenciado.
Sin conocer la versión final del reglamento se pasó a la votación. Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos y Gabriela Iveth Estupiñan votaron a favor. Mientras que Francisco Lorenzo Bravo y María Fernanda Rivadeneira votaron en contra y Hernán Ulloa se abstuvo.
Ahora, la secretaría general del Cpccs trabaja en la incorporación de los cambios sugeridos. Se prevé que en estos días, el Consejo de Participación Ciudadana con el reglamento aprobado solicité el presupuesto al Ministerio de Finanzas. (MC)
Dato:
Entre seis y ochos meses durará el proceso de designación de la nueva autoridad de Contraloría General del Estado que reemplazará al excontralor Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 por el supuesto de delito de delincuencia organizada.