La negociación de los nuevos contratos de concesión del servicio de telefonía móvil de Claro y Movistar lleva más de dos años y se aplaza por sexta vez. El Gobierno de Daniel Noboa deja el final de este proceso para el 15 de mayo de 2025. Es decir, cuando ya haya pasado la segunda vuelta y se tenga presidente o presidenta electa. El próximo Gobierno tendrá la última palabra.
El Gobierno de Daniel Noboa aplaza una vez más el cierre de la negociación de la renovación de los contratos de concesión del servicio de telefonía celular con Movistar y Claro.
La Agencia de Regulacuón y Control de las Telecomunicación (Arcotel) autorizó prorrogar por sexta vez el contrato con Movistar hasta que se «suscriba el nuevo título habilitante o se resuelva no renovar el contrato de concesión».
El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, había dicho el pasado 15 de enero de 2025, durante un evento de Fundación Telefónica, que se firmarían los nuevos contratos de concesión antes de terminar el primer trimestre de 2025, es decir, máximo hasta marzo de este año.
Sin embargo, ahora la nueva fecha del cierre de la negociación es el próximo 15 de mayo de 2025, según la resolución 0021.
«De ser necesario (el contrato) será prorrogado por acuerdo de las partes en las mismas condiciones que la presente prórroga», establece la resolución de la Arcotel.
Por su parte, Claro tiene a su vez una prórroga indefinida del contrato, hasta que se renueve el actual, por 15 años más.
En este contexto, la decisión definitiva sobre la renovación de los contratos con Claro y Movistar quedará para cuando haya pasado la segunda vuelta presidencial y ya se tenga un presidente o presidenta electa.
Por eso, todo apunta a que el próximo Gobierno será el que finiquite un proceso de negociación que lleva más de dos años desde que inició el 13 de diciembre de 2022.
No existen explicaciones del Gobierno de Noboa de por qué la negociación no se ha podido cerrar ni datos concretos sobre a qué se comprometerian las operadoras móviles para renovar su concesión.
Así, el sector de telecomunicaciones continúa en la incertidumbre y hasta el momento solo la empresa pública CNT, por ejemplo, tiene permisos para desarrollar la tecnología 5G en Ecuador.
Tampoco se sabe cuánto pagarán Movistar y Claro al Estado ecuatoriano para seguir operando por al menos 15 años más. (JS)