La Ley de Educación Intercultural se aprobó sin financiamiento para un mayor salario mínimo de los maestros, sistema especial de jubilaciones y presupuesto creciente para educación.
“Es inconstitucional plantear incremento de gastos sin financiamiento. No solamente es el aumento salarial para el magisterio, sino también la nueva forma de jubilación. Esto no solo tiene impacto en el presupuesto del Estado, sino en el ya complicado sistema pensional de la Seguridad Social”, Mauricio Pozo, ministro de Economía, reafirmó su posición en contra de la Ley de Educación Intercultural, la cual se publicó en el registro oficial el 10 de abril de 2021.
De manera inmediata, el sueldo mínimo de los maestros tendría que subir de $800 a $1.000, es decir, ya no podrá ser inferior a 2,5 veces el Salario Básico Unificado (SBU).
Según, Monserrat Creamer, ministra de educación, antes de cumplir con la mejora salarial, el ministerio de Trabajo y Economía analizan los informes que la Asamblea generó para aprobar la normativa, con el fin de establecer si hubo sustentos económicos.
Sin embargo, si no es en este Gobierno, las próximas autoridades tendrán que buscar financiamiento inmediato por $1.000 millones para 2021; y otros $1.000 millones para los dos años siguientes.
“No estoy en contra del aumento de salarios. Ojalá los maestros pudieran ganar no $1.000 sino $2.000. El problema no es ese, sino que no existe la capacidad económica para ello”, dijo Pozo.
Además, en un plazo de seis meses, se debe implementar un sistema especial de jubilación de los docentes, donde se establece menos años para el retiro (25 años de aportaciones) y sin límite de edad.
Con esto, se suma al gasto, $500 millones más en el corto plazo. Asimismo, se necesitarán otros $1.500 millones para volver a contratar personal despedido en 2020, y aumentar el presupuesto en educación.
Así, en una primera etapa, se tendría que obtener $3.000 millones, lo que equivale a subir del 12% al 18% el IVA. Pero a mediano plazo, con los ajustes permanentes de salarios y la obligación de llegar a un gasto del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra llegaría a $6.000 millones.
Déficit se podría duplicar
En 2021, las proyecciones iniciales establecen que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) podría llegar a los $3.000 millones hasta diciembre. Pero con el gasto inicial para cumplir con la Ley de Educación Intercultural, se llegaría a duplicar esa cifra.
Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que, si la normativa fue aprobada con el voto de 126 asambleístas de diversas tendencias, en la nueva legislatura, en un mínimo acto de responsabilidad, las mismas tendencias deberían aprobar los impuestos para financiar la iniciativa.
Además, recordó que todo lo actuado es inconstitucional porque contradice lo establecido en el artículo 135, donde se determina que solo el ejecutivo puede presentar leyes que aumenten el gasto público. A su vez, el artículo 287 ordena que “toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”.
Lamentablemente, no es la primera vez que la Asamblea aprueba legislación sin sustento económico. Entre 2017 y 2021, al menos una decena entraron en vigor, pero su aplicación ha quedado a medias o ha sido casi nula. (JS)
Devolución de IVA a gobiernos locales es otra complicación para el fisco
Hace un par de semanas, la actual Asamblea aprobó que el IVA se devuelve de manera automática a los Gobiernos locales. Con esto, el próximo presidente tendrá $200 millones menos de liquidez cada mes para el gasto del Estado.
Ese monto es equivalente a el 26% de lo que se destina a la nómina pública mensualmente.
En este contexto, se vuelve cada vez más imperativo que Guillermo Lasso concrete un plan realizable de recortes y optimización de gastos improductivos, debido a que de otra manera será cada vez más complicado no acumular retrasos cada vez más grandes.
Por lo pronto, al asumir el poder el 24 de mayo, ya heredará alrededor de $1.200 millones en pagos pendientes.