Ivonne Núñez ratificó su salida definitiva del Ministerio de Trabajo y defendió su gestión, destacando un ahorro estatal de más de $400 millones por frenar beneficios indebidos en contratos colectivos. Sobre el sumario a Verónica Abad, afirmó que no fue un error ni una persecución.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reafirmó su salida definitiva del gabinete de Daniel Noboa, asegurando que su ciclo al frente de esta cartera ha terminado. “Estoy en servicios prestados en la función de ministra de Trabajo. Yo le dije al presidente Noboa que, el día que sea reelecto, yo iba regresar a mis funciones como magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas”, declaró en una entrevista en FM mundo, ratificando su renuncia irrevocable.
Al cierre de su gestión, Núñez se mostró satisfecha por los resultados obtenidos. “Me siento muy orgullosa de haber dejado un ministerio con acuerdos ministeriales muy claros. Hoy puedo decirle al Ecuador que le ahorré al Estado más de $400 millones”, aseguró.
$400 millones ahorrados: contratos colectivos bajo la lupa
El mayor logro que Ivonne Núñez adjudica a su gestión fue frenar pagos indebidos de contratos colectivos en el sector público, particularmente en empresas estratégicas como CNEL y CELEC. Según explicó, su intervención permitió detener una erogación de $200 millones en el caso CNEL, al revertir en segunda instancia una sentencia.
“Yo impedí como ministra de Trabajo la erogación de $200 millones que venían ganando en primera instancia”, afirmó, al referirse al caso que involucraba beneficios colectivos previamente negociados. En CELEC, se evitaron pagos adicionales por más de $30 millones, al aplicar criterios establecidos por la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de ciertos acuerdos colectivos suscritos sin respaldo legal.
Además, recordó que todos los contratos colectivos firmados durante su administración han tenido dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que antes no era norma general. “Hoy todos los contratos colectivos en el sector público que se han suscrito hasta la semana pasada gozan del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo.
Devoluciones en marcha: ¿Quién debe pagar los valores indebidos en contratos colectivos?
La ministra también abordó el complejo proceso de recuperación de los valores ya pagados indebidamente por contratos colectivos anteriores. En particular, citó la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la devolución de alrededor de $79 millones, de los cuales $19’800.000 fueron entregados directamente a comités de empresa.
“Eso es muy fácil: hay que cumplir con la sentencia”, afirmó, aclarando que los trabajadores como tales no han sido perjudicados, ya que la mayoría de los beneficiarios fueron servidores públicos, no obreros bajo el Código de Trabajo. “Los obreros no son perjudicados con esta sentencia”, reiteró.
Aunque ha circulado la versión de que algunos trabajadores han sufrido descuentos indebidos, Núñez negó categóricamente que se hayan hecho rebajas desde febrero o marzo sobre los valores recibidos: “No es verdad que se les haya descontado. He revisado los roles de pago. La mayoría de pagos entre $300 y $500 van a organizaciones sindicales o por otros rubros”.
Falta aún, sin embargo, que las empresas públicas como CNEL definan planes formales de devolución, identificando cuánto recibió cada persona. “Habría que preguntarle a las autoridades de Entel si ya hicieron la división y el resultado del plan de devolución”, advirtió.
No fue un error el sumario administrativo contra Verónica Abad”
Ivonne Núñez defendió su actuación en el caso del sumario administrativo iniciado contra la vicepresidenta Verónica Abad, luego de que este proceso generara controversia política y jurídica a nivel nacional.
“A mí no me dieron la orden de sumariarla. Una jueza de apellido Mayorga le dijo al Ministerio de Trabajo, a quien sustanciaba, que tenía que hacerlo. Se cumplió una orden constitucional”, explicó la ministra.
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A pesar de las críticas de algunos juristas, Núñez aclaró que la Corte Constitucional no declaró inconstitucional el acuerdo ministerial utilizado como base del sumario, sino que ordenó una modificación puntual al artículo 2, relacionado con la aplicabilidad de ciertas normas a servidores de elección popular.
“La Corte Constitucional que examinó el acuerdo ministerial 175 no lo declaró inconstitucional. Lo que dijo fue que había que agregarle una condición de elegibilidad, tal como lo establece la LOSEP”, precisó.
Para la ministra, la legalidad del procedimiento fue clara y no cabía un “mea culpa” de su parte. “Yo he cumplido con lo que dice la ley. No se trató de un error ni de persecución, fue el cumplimiento de una disposición judicial”, sentenció.
Empleo joven y política laboral activa
Durante su administración, Núñez también impulsó una política de empleabilidad que recorrió más de 30.000 km en territorio, fomentando el vínculo directo con empresas privadas y nuevos trabajadores. “Yo he generado empleabilidad como parte de la política del presidente Daniel Noboa”, dijo.
Entre los logros más destacados están los más de 250.000 contratos laborales válidos registrados para jóvenes de entre 18 y 29 años, muchos de ellos mediante incentivos tributarios establecidos por la Ley de Empleabilidad. Más de 30.000 empresas accedieron a estos beneficios económicos, según Núñez.
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Lo que viene: retos urgentes para el nuevo ministro de Trabajo
Pese a los avances, Núñez reconoce que los desafíos para su sucesor son grandes. Entre los más urgentes, destacan:
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La necesidad de revisar y renegociar contratos colectivos vigentes con excesos en el sector público
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Impulsar la reforma propuesta que limita a dos periodos la dirigencia sindical y exige inclusión de mujeres en esos espacios.
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Promover un código laboral unificado que integre tanto al sector público como privado, eliminando distorsiones actuales entre la LOSEP y el Código de Trabajo.
- Avanzar en una reforma estructural del sistema de jubilación patronal, basada en aportes conjuntos de empleadores y trabajadores.
“Yo ya dejé los acuerdos ministeriales, con los artículos debidamente analizados y textualizados. Los ministros saben lo que tienen que hacer”, concluyó Ivonne Núñez, dejando una hoja de ruta con prioridades definidas, pero también con conflictos legales y sindicales aún abiertos. (JS)
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