Los productores agrícolas dicen que Agrocalidad no tiene recursos para funcionar adecuadamente. Solo avanzan dos de cinco proyectos prioritarios de inversión.
Más de 50 gremios agropecuarios miran con preocupación el abandono constante y la creciente falta de recursos para impulsar el adecuado funcionamiento de Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario (Agrocalidad).
Según Rodrigo Gómez dela Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el presupuesto para esta institución se ha venido recortando durante los últimos años.
Para 2022, se necesitan $24,6 millones adicionales para que se concreten los cinco proyectos prioritarios de inversión. Sin embargo, los gremios denuncian que, luego de varias reuniones con instancias estatales, como ministerios y secretarías, no hay respuestas.
«Instituciones como Agrocalidad tienen una importancia neurálgica porque, al interior, garantizan la calidad de los alimentos; pero también son la cara del Ecuador al mundo», dijo Gómez de la Torre.
Actualmente, no hay recursos para que se desarrollen proyectos vitales como el control de la mosca de la fruta, que es fundamental para poder exportar y diversificar oferta; la sanidad animal referente a enfermedades (aftosa, gripe porcina, gripe aviar); y los laboratorios para inocuidad de alimentos.
Diana Espín, representante del sector avícola, recalcó que se están poniendo en riesgos alrededor de $6.650 millones en productos de exportación, los cuales se pueden quedar sin acceso a mercados por la pérdida de certificaciones de calidad.
Además, también se están dejando sin controles a una producción para consumo interno que genera alrededor de $10.000 millones, y de la cual dependen más de 2 millones de empleos.
«Necesitamos certificaciones, monitoreo, personal técnico en campo que hagan seguimiento. Los proyectos deben incluirse en el gasto corriente para que el dinero para Agrocalidad pueda fluir sin trabas cada año», puntualizó Espín.
Asimismo, la entidad debe manejarse de manera técnica y cobros por sus servicios deben ir a su autogestión, y no desviarse para otros gastos del Estado.
José Antonio Hidalgo, dirigente del sector bananero, puntualizó que la desinversión en Agrocalidad también pone en riesgo el mantenimiento de los acuerdos comerciales ya firmados, y la concreción de los que están en agenda para los próximos años.
«El Gobierno tiene que priorizar el agro. Cómo es posible tener un presupuesto de $22 millones en 2022 para atender las agroexportaciones que representan miles de millones», afirmó.
Otro gran perjuicio podría ser que se pierdan los mercados ganados para frutas como pitahaya, tomate de árbol, mora, granadilla, maracuyá, entre otros. Además, se necesitan certificaciones para que se puede aprovechar el potencial de 60.000 hectáreas de cultivos de aguacate Hass, las cuales pueden generar ingresos para el país de $1.000 millones adicionales. (JS)
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