Afectados por la filtración de datos pueden demandar

SISTEMA. Los datos filtrados eran de pacientes que se habían realizado pruebas para Covid-19.
SISTEMA. Los datos filtrados eran de pacientes que se habían realizado pruebas para Covid-19.

Ante lo sucedido con el Ministerio de Salud podría haber sanciones administrativas e incluso penales. 

Quienes se hayan sentido perjudicados por la filtración de datos personales permitida por el Ministerio de Salud tienen dos vías para demandar: la administrativa y la penal.

Sin embargo, el proceso –especialmente si es penal– toma tiempo y requiere de un análisis de los efectos que esa filtración haya causado.

¿Qué pasó?

Los datos de, al menos, 1,5 millones de personas se filtraron de la base de datos del Ministerio de Salud. Se trató de registros de resultados de las pruebas para Covid-19 que se publicaron el domingo 25 de julio de 2021.

La ministra de Salud Ximena Garzón dijo que lo primero que hicieron fue pedir un informe detallado de por qué se produjo la filtración de datos y por qué se maneja esa información en un software libre.

Una vez que los informes sean consolidados, se los llevará hasta la Fiscalía; el fin es determinar si se trató de un error o si tuvo otra causa, destacó Garzón.

Reservado y restringido

El abogado penalista Sebastián Cornejo detalla que antes que un conflicto penal se trata de uno de tipo administrativo. “Debería sí tener sanciones de carácter administrativo para los custodios de la información por el mal manejo de esta”.

Sobre las repercusiones, destaca que hay que diferenciar pues existe información de carácter reservado (personal) que no necesariamente está catalogada como información restringida.

La información reservada y restringida –dice el penalista– es, especialmente, aquella que puede desestabilizar una institución o poner en duda los secretos de reserva del Estado, en relación, por ejemplo, al manejo de armas. “Esa es información netamente restringida y reservada, que incluso puede poner en riesgo la soberanía del Estado”, enfatiza Cornejo.

Los afectados

Entre los datos que permanecieron expuestos hasta que la página se colgó había nombres, apellidos, números de cédula, de teléfono, ocupación profesional, autoidentificación étnica, fecha de nacimiento, parroquia de domicilio, número de historia clínica, diagnóstico médico y otros datos privados.

Según Cornejo, si una persona se siente afectada por la filtración de datos, lo primero que podría hacer es –desde lo administrativo– interponer una queja ante el Ministerio de Salud y solicitar una sanción administrativa para los funcionarios involucrados en la filtración de la información.

Por otro lado, si bien los ciudadanos pueden presentar una denuncia e iniciar un proceso penal, eso tomaría más tiempo. “Tendría que abrirse una investigación previa para determinar si es que realmente hubo un delito o no; o si hubo o no la filtración”, detalla Cornejo.

Demostrar los daños

En caso de que se plantee la demanda, los ciudadanos deberán demostrar cuál es la afectación directa que la filtración de esa información les causó, dice la abogada Wendy Torres.

Con esto coincide Cornejo, quien detalla que si a raíz de la publicación de los datos, el ciudadano sufre discriminación, esto sí puede ser una causa para proseguir con el proceso penal.

El delito en este caso podría equivaler a la revelación ilegal de bases de datos que genere una violación del secreto o intimidad de la persona. Y este tipo penal conlleva una sanción de uno a tres años de privación de libertad.

Esta sanción tiene puede incluir un agravante de tres a cinco años en el caso de que quien cometió el delito haya sido un servidor público. Pero todo este proceso “podría durar varios años”, dice Cornejo.  (AVV)

“Estamos sancionando a las personas involucradas en este caso (…) estamos poniendo el caso en manos de la Fiscalía”.
Ximena Garzón, ministra de Salud.

“Sí debería haber sanciones de carácter administrativo hacia los custodios de la información, por el mal manejo de la misma”.
Sebastián Cornejo, abogado  penalista.

“Los datos de pacientes deberían ser confidenciales. Espero se puedan tomar correctivos y no vuelva a publicarse nuevamente la plataforma”.
Carlos Oporto, analista de datos e investigador.

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