La suspensión del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, puede significar el adelanto del caso de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), comunicó al juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe (Pichincha), Édgar Romero, que desde su presidencia no se dispondrá las convocatorias a sesiones ordinarias en esta mesa legislativa “respecto del marco del trámite de juicio político pendiente en la Comisión en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hasta que llegue el momento procesal pertinente”. Es decir, hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC).
Con esta decisión, Aguirre suspendió el trámite contra Palencia y acataría la disposición del juez Romero para que inicie la sustentación de los juicios en contra de los exministros del Gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral (exsecretario de la Administración), Pablo Arosemena (exministro de Finanzas) y Andrea Montalvo (extitular de la Senescyt), cuyos casos fueron archivados en la Comisión de Fiscalización el 1 de julio de 2024.
Mónica Palencia: Dos pedidos de juicio político llegan esta semana a la Comisión de Fiscalización
La sustanciación del juicio a Palencia podría retomarse luego de que la CC se pronuncie ante un pedido que plantearon 87 legisladores (del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye, Pachakutik y un sector de independientes) respecto del pronunciamiento del juez Romero relacionado con la acción de protección presentada por Inés Alarcón, de la bancada del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y que provocó el rechazo de la mayoría de sectores políticos que la calificaron como una interferencia en las funciones del Estado.
“Luego de dicho pronunciamiento (de la Corte), la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda”, resolvió el Parlamento.
ADN, a través del legislador César Umajinga, cree que si la decisión de Aguirre es suspender el trámite contra Palencia, se debería empezar a sustanciar el proceso en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. “Si se suspenden los juicios hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte, obviamente el siguiente en ser abordado debería ser el de la Fiscal, este es el trámite normal”, señaló.
Hasta el cierre de esta edición se esperaba que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) levante la suspensión del juicio a la Fiscal, que se había decidido el 17 de mayo de 2024 por su embarazo de alto riesgo, y acoger el pedido de Salazar del 19 de agosto cuando anunció que está lista para enfrentar la interpelación.
Con la decisión que el CAL podría adoptar en las próximas horas, el trámite será elevado a la Comisión de Fiscalización, donde se podría avocar conocimiento para la calificación de las solicitudes de Gissela Garzón y Héctor Valladares, de la banca de la Revolución Ciudadana. (SC)
Dos asambleístas de ADN enfrentarán procesos administrativos
La Asamblea, en su resolución del 3 de septiembre de 2024, autorizó a su presidente, Henry Kronfle, para que, a través de la Coordinación Jurídica, presente ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el juez que sustanció y emitió la sentencia a favor de ADN, y disponer al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los asambleístas de ADN, Inés Alarcón y Xavier Jurado.