Guillermo Lasso redujo el déficit a costa de su popularidad y el multilateral no puede dejarle sin apoyo a mitad de camino.
A dos meses de terminar el 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso pone sus mayores esperanzas en terminar con éxito el actual acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El éxito de ese trato es importante para recibir un desembolso adicional de $700 millones. Además, sería una especie de aval ante la “situación política excepcional en Ecuador”, como la calificó Sebastián Hurtado, analista en política internacional.
Actualmente, el Ejecutivo ecuatoriano es una anomalía en medio de una región latinoamericana plagada de tres dictaduras de izquierda (Cuba, Nicaragua y Venezuela); dos gobiernos populistas no izquierdistas (El Salvador y Costa Rica); y la mayoría de los gobiernos populista de izquierda (entre los principales están Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil).
El reciente triunfo de Lula Da Silva, con el fin de asumir un tercer periodo presidencial, complica aún más el panorama.
A pesar de los errores, el Gobierno de Lasso es considerado uno de los escasos liderazgos democráticos sin vinculación a la izquierda dentro de la región. A esta categoría se suman los Gobiernos de Paraguay y Uruguay.
Por eso, el destino del programa de financiamiento entre el FMI y Ecuador, pero aún más la continuidad del apoyo del multilateral es vital no solo desde la economía, sino también desde la geopolítica.
Aníbal Rosero, economista y consultor en banca internacional, explicó que, si bien el Gobierno de Lasso no podrá cumplir con todos los compromisos pendientes, el FMI estirará su flexibilidad al máximo para cerrar el actual acuerdo con éxito y seguir al lado del Ejecutivo ecuatoriano en un 2023 que será complejo.
“Lasso, tanto por convicción personal como por ser parte del programa con el FMI, ha persistido en reducir el déficit fiscal (más gastos que ingresos) y el ritmo de aumento del endeudamiento público; aún a pesar de perder popularidad y apoyo interno a su gestión. Ese esfuerzo no puede ser abandonado a medio camino”, dijo.
Así, el organismo multilateral desembolsará los $700 millones restantes del entendimiento vigente; y de cara al próximo año podría firmar un acuerdo de más corto plazo con Ecuador, como un ‘Stand by’, o simplemente ser una especie de aval para que otras instituciones internacionales de crédito sigan financiando al país.
Cartas sobre la mesa
En abril de 2022, luego que la Asamblea rechazara la Ley de Inversiones y que comenzó a calentarse el ambiente de protestas y desestabilización, los principales cuadros de la administración de Lasso, de las áreas económica y política, tuvieron una reunión virtual con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
Ese encuentro fue importante porque el Gobierno se comprometió a desistir de ir por vías como la muerte cruzada a cambio de mayor flexibilidad del multilateral para abrir un poco la llave del gasto, pero sin perder la meta de reducir el déficit fiscal.
En otras palabras, se selló un pacto de corresponsabilidad para evitar la vuelta de aventuras populistas.
Ese pacto es actualmente más importante que nunca. No solo para financiar al Ecuador de cara a un difícil 2023, sino también para darle un nuevo impulso a los planes de inversión de Lasso y reducir el alto riesgo país.
Pablo Patiño, economista, recalcó que la pandemia fue muy dura para Ecuador, pero ya desde 2015 estamos decreciendo. “No podemos permitirnos dos décadas de estancamiento como fueron los 80 y los 90. No hay receta mágica, pero necesitamos otro impulso de inversiones más temprano que tarde. Se necesita el desarrollo de nuevas industrias: sector financiero y minería, además de una fuerte inversión en infraestructura”, aseveró.
Inversiones y ajuste
Todo eso solo será posible solo si se empieza a sentir una considerable llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), de la mano de la continuidad del manejo fiscal responsable en el que Lasso ya tiene resultados tangibles, aunque difíciles de vender a una ciudadanía que todavía siente los estragos de una crisis donde apenas se ha recuperado la mitad del empleo perdido.
Así, por ejemplo, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, explicó que, incluso con el aumento en el endeudamiento público en alrededor del 2% del PIB hasta final de 2022, como consecuencia del déficit fiscal de $2.200 millones, la relación oficial deuda/PIB cerrará en el 56%.
Ese porcentaje es mejor que el 57% al que se debía llegar hasta 2025, según lo establecido a partir de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Por eso, Ortiz ha abogado en varias ocasiones en que se frene al menos un poco la intensidad del ajuste para que la economía pueda respirar y reactivarse más rápidamente.
La reducción de la velocidad del ajuste se puede negociar con el FMI. Este multilateral ha demostrado más flexibilidad de la que tenía a finales de la década de 1990 y principios del 2000.
Como ejemplo está la renegociación de la reforma tributaria al inicio del Gobierno de Lasso, e incluso la marcha atrás en la eliminación total del subsidio a los combustibles.
Todas esas flexibilizaciones habrían sido impensables antes, pero se consiguieron de la mano del primer ministro de Economía de Lasso, Simón Cueva. (JS)
Desde 1961, Ecuador ha firmado 25 acuerdos o programas de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo tres concluyeron con éxito.
El ajuste no es un invento del FMI
El régimen de Rafael Correa casi triplicó el gasto público hasta 2014, y disparó el endeudamiento público en alrededor de 160%. Gran parte de los recursos se despilfarraron, y no se impulsó el crecimiento real del sector privado para que pueda financiar un mayor tamaño del Estado.
Por eso, mucho antes de que Lenín Moreno firmara su primer acuerdo con el FMI, el ajuste fiscal comenzó con Correa todavía en el poder.
Así, el gasto estatal pasó del 44% al 38,4% del PIB entre 2013 y 2017; aumentó al 39% y a partir de ahí ha bajado hasta el 35% del PIB en 2022.
Sin embargo, todos estos esfuerzos todavía son insuficientes para equilibrar las cuentas públicas porque se dejó de lado el trabajo para hacer más eficiente y menos costoso producir en el país; aumentar la competencia y los tratados comerciales; e incentivar la creación de empresas.
Al final, no hay un porcentaje establecido del tamaño que debe tener el Estado, sino que todo dependerá de la cantidad de gasto que puede financiar el sector privado sin asfixiarse.
Para estos fines también se necesita el aval del FMI para que, entre otras cosas, Ecuador se pueda convertir en un real destino de inversión y su PIB pueda crecer a alto nivel durante varios años.