El país está incluso por debajo de la media regional. La pesada tramitología y las normas obsoletas no permiten una mayor inclusión financiera.
A pesar de que la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) anunció que la cartera de créditos creció 14,2% en el último año, un porcentaje pequeño de la población accede a financiamiento formal.
En concreto, solo el 19% de los ecuatorianos en edad de trabajar han podido beneficiarse de un préstamo.
Ese nivel ni siquiera alcanza la media regional del 25%, y refleja claramente el largo camino que le queda por recorrer al país para mejorar la inclusión financiera.
Blanca Rivera, economista e investigadora en temas de educación financiera, explicó que, en el último informe del Banco Mundial (BM) sobre las facilidades para hacer negocios, Ecuador ocupó el puesto 112 entre 164 economías analizadas con respecto al acceso de los ciudadanos al crédito.
“Tanto en el sector público como privado se destinan miles de millones al año para préstamos de todo tipo, pero la mayoría de la población no recibe un centavo de esos productos financieros”, dijo.
Uno de los sectores más afectados por esta realidad es el agrícola. Así, por ejemplo, durante 2021, Banecuador, la Corporación Financiera Nacional (CFN), y toda la red de bancos y cooperativas privadas, entregaron más de $423 millones en préstamos; pero esa cantidad de recursos solo benefició al 10% de los productores del campo.
La tramitología ataca nuevamente
De acuerdo con el BM, una de las principales trabas para el acceso al crédito es la pesada carga de requisitos que se pide a los solicitantes. Esa carga es hasta dos veces mayor en Ecuador que la media en América Latina.
Andrés Morales, ingeniero en finanzas y docente, puntualizó que la gran mayoría de esos requisitos son resultado de que el sector financiero es uno de los más regulados. En total, más de 50 reportes se deben entregar a instituciones de todo tipo como el Servicios de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos, entre otras.
“Incluso los requisitos más básicos como pedir la copia de la cédula de identidad, de los roles de pago, o la declaración de impuestos, no son caprichos de las instituciones financieras, sino que están incluidos en resoluciones de las superintendencias y en toda la maraña de normativa vigente”, puntualizó.
En este contexto, la solución es modernizar y depurar esa normativa, no solo para agilizar los procesos sino para facilitar que más ecuatorianos accedan a servicios financieros de todo tipo, incluyendo los créditos.
De otra manera se mantendrá la misma realidad actual, en donde el 71% de los más de 5 millones de informales ni siquiera han hecho el intento de solicitar un préstamo, porque consideran que tiene tres aspectos en contra: bajos ingresos, no cuentan con documentos en regla y no tienen historial crediticio.
¿Cómo se puede comenzar a revertir la situación?
Aunque la banca ha avanzado en la digitalización de servicios y en la reducción de costos por servicios financieros (actualmente el 80% tienen tarifa cero), todavía se debe trabajar en cambios que reduzcan la tramitología y hagan más fácil el acceso al crédito y otros productos.
Entre las acciones inmediatas que se pueden tomar están las siguientes:
Hacer efectiva una política pública de open data. – Es urgente que la información que hoy reposa en bases de datos como el Servicio de Rentas Internas, Registro Civil, Registros de la Propiedad y Mercantiles se ponga a disposición de los agentes económicos formales, obviamente respetando y cumpliendo las disposiciones de protección de datos personales. Es inaudito que estos datos no puedan ser usados para la rápida y segura evaluación del riesgo de crédito de una persona y se continúe obligando a contar con copias de documentos físicos.
Permitir el acceso y uso de datos alternativos a la información de riesgo crediticio. – Si una persona nunca ha estado bancarizada, en consecuencia, no ha tenido un crédito ni siquiera en el sector comercial, ¿cómo se pretende que pueda ser evaluada y tener acceso a créditos en el sector financiero con mecanismos tradicionales? Si no se permite el uso de datos alternativos como, por ejemplo, el historial de pago de servicios públicos, de pensiones educativas, en general, de actos que revelen el carácter de pago y cumplimiento de obligaciones de una persona, sencillamente nunca podrá incluirse a ésta en el sistema financiero, menos con políticas poco técnicas para la asignación del riesgo en la tasa de interés como ocurre actualmente.
Eliminar controles de precios y regulaciones obsoletas. – El establecimiento de techos máximos a las tasas de interés, que en el fondo es un mecanismo de control de precios, no solo no aumenta la inclusión financiera, sino que provoca que más gente acuda al chulco u otras modalidades informales para financiarse.
Uno de los segmentos más afectados es el microcrédito para montos pequeños de $300 o menos. Los techos máximos en las tasas de interés han hecho que ese segmento casi desaparezca.
Una de las pocas opciones que ha quedado para los emprendedores pobres, tanto en el campo como en la ciudad, son los prestamistas informales con tasas del 5% diario o 1.500% anual.
Durante los primeros meses del Gobierno de Guillermo Lasso, las tasas de interés han bajado entre 2% y 3% como consecuencia de la reactivación y la mayor liquidez en la economía. Sin embargo, esa mejora se ha dado a pesar de que se mantiene, con algunas mejoras, el ineficiente sistema de techos. (JS)