Un 40% de los presos no han sido juzgados; es decir, que no se ha cumplido con el debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia, como explican los expertos. Además, familiares denuncian que la burocracia trunca los trámites de la prelibertad.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 29.897 personas. Sin embargo, habría cerca de 38.693 presos, es decir, un hacinamiento del 29,42%.
El abogado penalista Pablo Encalada dice que existe un abuso de la prisión preventiva, una medida que es de carácter excepcional por lo que, asumirla como regla general, hace que se prive la libertad en forma desproporcionada.
Esto lo confirman las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que detallan que un 40% de los privados de la libertad (PPL) no han sido juzgados.
“Es decir que no se ha cumplido con el debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia, dejando de lado otras medidas cautelares”, dice la abogada Dennise Ortega.
Sin agilidad a los trámites
Otro problema del sistema carcelario es la burocracia. Así lo denunció la Asociación de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, quienes piden la salida de Edmundo Moncayo, director del SNAI.
María (nombre protegido) tiene a dos de sus hijos en la cárcel de Latacunga. Comenta que en agosto del año pasado cumplieron el 60% de su sentencia, lo que les permite aplicar a la prelibertad.
“Entregamos la documentación y nos dicen que se han perdido las carpetas. Volvemos a traer las carpetas y dicen que no que faltan unos memos. Los abogados sacan plata y más plata y dicen que ya, que ya sale y nada”, comenta la mujer.
En una entrevista pasada, con LA HORA, Moncayo señaló que la prelibertad permitía disminuir el porcentaje de hacinamiento, al ser consultado sobre la agilidad de trámite, señaló que necesitaban contratar mayor personal, especializado para que analicen las carpetas y los remitan a los magistrados.
Situación familiar
El tema de aumentar el personal quedó en propuestas y las familias siguen esperando que los trámites se agilicen.
Las medidas sustitutivas, agrega, Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, deben ser analizadas hacia quienes no representan un peligro para la sociedad y destacó que hace falta infraestructura, talento humano, presupuesto y normas adecuadas. “El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) no ayudó en nada”.
María comenta que siente temor, pues sus hijos están en la cárcel por una pelea callejera que dejó a un hombre con lesiones graves. “Les dieron 42 meses. Ellos no están en máxima seguridad, pero les mandaron a Latacunga y cuando hablamos me dicen que tiene miedo, que en cualquier rato los de máxima se pasan a su pabellón”, agrega la mujer. (AVV)