96% del proyecto carcelario ‘transformar’ se incumplió

SITUACIÓN. Aproximadamente 10.000 reos de más están en las cárceles. El hacinamiento promedio es del 30%.
SITUACIÓN. Aproximadamente 10.000 reos de más están en las cárceles. El hacinamiento promedio es del 30%.

Uno de los objetivos era reconstruir aquellas cárceles que fueron adecuadas sobre estructuras de escuelas.

En noviembre de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno lanzó el proyecto de transformación de cárceles en el que se invertirían $38,9 millones.

El dinero sería principalmente utilizado para potenciar dos cosas: readecuar y repotenciar los 54 centros y proveer y fortalecer las capacidades tecnológicas y equipamiento.

El plan tenía un tiempo de ejecución de 31 meses, es decir, que concluía en este 2021. Lo que se esperaba era disminuir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que así la rehabilitación social deje de ser una utopía. Pero no pasó.

4% de ejecución

Edmundo Moncayo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dijo que en más de una ocasión se readecuó el plan y que además los recortes presupuestarios no permitieron implementarlo en su totalidad.

Solo el 4% del proyecto se cumplió y lo que se hizo en casi tres años fue construir dos pabellones para PPLs mujeres en Napo y en Carchi, levantar un muro perimetral en Imbabura y adquirir 1.500 chompas para los guías y radios portátiles para comunicación.

Lo que no se realizó fue el mantenimiento de cámaras de videovigilancia o la adquisición de sistema de inhibidores de la señal de celulares u otros artefactos electrónicos.  Pero antes de todo eso, la pieza clave de este proyecto y por la que debería empezar el nuevo Gobierno, dice la abogada experta en derechos humanos, Ana María Navarrete, es mejorar la infraestructura y reducir el hacinamiento que se mantiene en un 30%.

El primer paso a la integral rehabilitación

Navarrete detalla que la construcción de cárceles no se hizo con lineamientos o estándares internacionales. “Algunos centros de rehabilitación social antes eran otras cosas, escuelitas, centros de salud (…) como no había un enfoque de derechos humanos se creía que eso no valía más que para recibir a privados de la libertad, primer gran error”, dice.

Después, detalla que durante el Gobierno de Rafael Correa se construyó la cárcel de Cotopaxi. “Sin estudios sobre la falta de guías y la irresponsabilidad de tener más de 5.000 personas en un mismo espacio, las cárceles deben ser más pequeñas no solo porque permite tener orden sino porque individualiza otras atenciones como la psicológica”, añade Navarrete.

Navarrete dice que con el hacinamiento (hay aproximadamente 10.000 presos más de lo que debería en el sistema) es difícil que se pueda tener programas de rehabilitación enfocados a aprender oficios o continuar estudiando. Tampoco  se destina tiempo para terapias psicológicas – que varían de acuerdo al caso– “entonces la mente de estas personas se pone a generar ideas propias del encierro que derivan en actos de violencia”, agrega.

En una carta abierta firmada por 106 catedráticos del derecho ecuatoriano se señala que las medidas que se adopten a futuro no se enfoquen únicamente en el aseguramiento de los centros de privación de libertad, sino que también se haga énfasis en el fortalecimiento de programas de rehabilitación. (AVV)