Solo el 1% de los 4.000 grilletes adquiridos por el Ministerio de Justicia en 2016 están disponibles. Esto preocupa por la ‘intención’ de mejorar la sobrepoblación carcelaria.
La falta de dispositivos de vigilancia electrónica (grilletes) se agudiza en medio de la peor crisis carcelaria de la historia. Las últimas cifras que maneja el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) señalan que solo existen 40 aparatos en stock para ser usados como medida alternativa a la prisión preventiva. En 2016, el Ministerio de Justicia compró 4.000 por $13,7 millones.
Los datos entregados el martes, 4 de enero de 2022, por la autoridad a cargo de las cárceles indican que 2.318 dispositivos están registrados como dañados. Todos fueron destruidos por el mal uso. Es decir, las personas que los portaban los intentaron cortar, perforarlos para meter agua, destaparlos para dañar los circuitos, entre otras acciones que están prohibidas.
Producto de la mala manipulación, se generaron daños en los parlantes y micrófonos, en los sistemas de georeferenciación, en botones y en los sistemas que generan las alarmas.
Otros 595 ya portaban los procesados o condenados en distintos juicios. Y una pequeña cantidad se puede recuperar.
Hubo señales desde agosto sobre la escasez
En agosto de 2021, el SNAI ya advertía problemas. En un oficio que envió la entidad al Consejo de la Judicatura dice, en la parte pertinente, “se ha logrado identificar la problemática de bajo stock de dispositivos de vigilancia electrónica (DVE)”.
En el documento, Fausto Cobo, extitular del SNAI, dice que esta carencia de unidades se da por dos motivos: dispositivos dañados y una gran cantidad de órdenes judiciales a nivel nacional disponiendo la instalación de estos equipos tanto para beneficios penitenciarios, cambio de régimen, medidas cautelares y acciones constitucionales.
Como respuesta, el Consejo de la Judicatura señaló que “solicitó a las direcciones provinciales a su cargo”, que el oficio de Cobo se ponga en conocimiento de las dependencias judiciales. El objetivo era no generar un desabastecimiento total de los grilletes. Hasta el momento no hay un proceso en el portal de compras públicas para adquirir más.
Más prisión preventiva, más hacinamiento
La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional tiene un informe sobre la realidad penitenciaria realizado tras las masacres que solo en el 2021 dejaron más de 330 presos asesinados por disputas internas.
En el documento consta que el 40% de los internos no tienen sentencia; es decir, son sospechosos y mantienen procesos judiciales, pero fueron enviados a las cárceles a falta de mejores alternativas.
Por eso, la Corte Nacional de Justicia resolvió en diciembre de 2021 reglamentar el uso de la prisión preventiva para que sea en última instancia. La Fiscalía también instruyó a sus agentes hacer uso de esta medida para que sea excepcional.
LA HORA se comunicó con jueces que confiesan que se complica seguir esas disposiciones, cuando hay menos alternativas al encierro. En el art. 522 del Código Penal vigente también se prevé la prohibición de salida del país o la presentación periódica.
El SNAI prevé adquirir este año 4.000 dispositivos, aunque recién se realizan los informes de necesidad, estudio de mercado, especificaciones técnicas.
El grillete no es para todos
En resoluciones judiciales se observa que los grilletes han sido destinados a políticos y personas acusadas de corrupción. Por ejemplo, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tiene un dispositivo en su tobillo tras las protestas de octubre del 2019, cuando fue acusada de rebelión.
El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, procesado por posible peculado en la adquisición de pruebas Covid-19 también lo porta. En otro caso, el ex hombre duro del correísmo Fernando Alvarado, se quitó el grillete y huyó del país en medio de investigaciones. También se lo entregó al expresidente Abdalá Bucaram, quien es investigado por supuestas irregularidades en la comercialización de insumos médicos durante la pandemia. (DP)
Una compra cuestionada
La Contraloría General del Estado detectó en 2018 siete irregularidades en la compra de los brazaletes electrónicos y los enumeró en un documento de 62 páginas.
En una parte, señala por ejemplo, que “la cantidad de dispositivos adquiridos por el Ministerio de Justicia no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados”. Además, se mencionan otras falencias como la falta de implementación de multas por posibles incumplimientos o adquisiciones de equipos (tablets) no justificados.
En 2020, el portal Periodismo de Investigación indicó que la Contraloría desvaneció una glosa por $9.5 millones en contra de la exministra correista Ledy Zúñiga y la empresa china China National Electronics Importa y Export Corporation (Ceiec), responsables de la contratación e implementación del sistema de dispositivos de vigilancia o grilletes.
Esa firma también se hizo en 2015 con contrato con el correísmo por $36,2 millones para el proyecto Transporte Seguro que consistía en instalar cámaras y proveer kits de seguridad para el monitoreo y vigilancia de las unidades de transporte.
Una de las consecuencias directas tras la fuga de Fernando Alvarado fue la destitución de Vanesa Mejía del ECU-911, donde se desempeñaba como supervisora de los operadores a cargo del monitoreo de los grilletes de vigilancia electrónica.https://t.co/Z2Q6srXwkA
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) November 26, 2018