Tasa de homicidios de 2021 fue la más alta en ocho años

Asesinato de un abogado en el centro norte de Quito en el 2021. Foto Api
Asesinato de un abogado en el centro norte de Quito en el año 2021. Foto API

El Gobierno dio las cifras oficiales en el marco de la entrega a la Asamblea Nacional de un proyecto para mejorar la seguridad ciudadana.

La tasa de homicidios alcanzó los dos dígitos. En 2021 hubo 14,06 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta en ocho años, según datos oficiales entregados por la Presidencia de la República.

El Gobierno indica que el aumento de homicidios se debe, en gran medida, “a la violencia en los centros de privación de libertad” que inició desde, al menos, el año 2020, aunque también reconoce que ha crecido la violencia en las calles.

“En ambos casos, este incremento de violencia en la actividad criminal se vincula a la delincuencia organizada y a las dificultades que tiene el sistema de justicia y sus órganos auxiliares para investigarla y procesarla. A esto se suma el problema estructural del hacinamiento en los centros”, indica el Gobierno en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que la tarde de ayer (25 de enero de 2022) llegó a la Asamblea.

Respecto de la delincuencia organizada, la iniciativa plantea mejorar “el tipo penal para que se reprima a los colaboradores que no ejercen mando”. Además, se excluye de este delito de aquellos que pueden acogerse al procedimiento abreviado y las penas reducidas y así dejar antes las cárceles, como sucede actualmente.

Dentro de las reformas al Código Penal vigente (COIP), la iniciativa destaca los cambios encaminados a preservar “la reserva de la investigación en aquellos casos donde filtraciones pueden comprometer no solo ese proceso penal sino la seguridad de grandes sectores de la población”. Es por ello que se aclara que ciertas diligencias como la detención con fines de investigación podrían autorizarse sin cursar notificación previa que fomente la fuga.

Otro punto que busca ser incluido en las normativas ecuatorianas es “robustecer” la presunción de inocencia de policías y militares que hayan usado la fuerza en ejercicio del deber. Esto se lograría de las siguientes maneras:

  1. Se reitera su presunción de inocencia. En toda investigación o proceso que surja por el uso de la fuerza por parte de un servidor policial o militar se presumirá que el uso fue legal. La Fiscalía o acusador deberá demostrar con pruebas que hubo abusos o extralimitaciones cuando sea el caso.
  2. Se ordenan diligencias investigativas específicas que tomen en cuenta la doctrina policial o militar cuando se investigan presuntos abusos del uso de la fuerza.
  3. Se prevén capacitaciones a servidores judiciales sobre el uso legal de la fuerza.
  4. Se garantiza el derecho de los policías a contar con patrocinio legal gratuito cuando son sujetos a investigaciones o procesos por actos de servicio, pudiendo elegir a su abogado de confianza o uno designado por el Ministerio de Gobierno. (DPV)

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