ROBERT BLACIO AGUIRRE.
En el mundo entero, al igual que en Ecuador, aún no hay certeza sobre qué ocurrirá en los próximos meses por COVID-19. Lo único claro que tenemos, es que, en septiembre próximo, 1,9 millones de estudiantes, inician un nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía.
Una solución a medias, es el Acuerdo MinEduc-MinEduc-2020-00038-A, que establece normativa para implementar la educación abierta en el sistema nacional de educación. La educación abierta, es la que no exige asistencia regular del estudiante a la institución educativa; demanda un proceso autónomo; acompañamiento del docente; e implica el uso de las nuevas tecnologías de información, dispositivos tecnológicos y de conectividad. La educación abierta puede implementarse en forma virtual y en línea; y, el valor de la pensión sería el equivalente al 65% del último año lectivo de las instituciones particulares y fiscomisionales.
El acuerdo ministerial de Educación Abierta es aplicable para todas las instituciones del sistema nacional de educación; su alcance es limitado, ya que no puede ser implementado en todos los niveles de educación, sino únicamente al subnivel de educación básica superior (8°, 9° y 10° grado) y nivel de bachillerato de manera permanente.
Como padre de familia, mi preocupación corre por la falta de garantías para que nuestros hijos vuelvan a las aulas, de forma presencial o semipresencial. Más aún, cuando se restringe la Educación Abierta al nivel de educación inicial y los subniveles de preparatoria, elemental y media de educación general básica; ya que la misma se podrá aplicar exclusivamente de manera temporal durante estados de excepción o de emergencia.
El reto de la Autoridad Educativa Nacional en esta pandemia, en relación al acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación del proceso educativo, es el de emitir medidas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes su vida, su salud, su desarrollo integral y su protección del contagio por COVID-19.