PAULINA CORONEL PÁEZ
La reformada Ley de Comunicación del Ecuador deberá salir del horno en su punto, con un sabor y olor agradable; y aunque no guste a todos, tiene que ser la respuesta a la mayoría de demandas expresadas por los grupos sociales, de comunicación, gremios periodísticos y de la sociedad en su conjunto. Hasta el 18 de julio, la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional recibirá las opiniones ciudadanas, de ahí les corresponde a los Asambleístas actuar con transparencia y coherencia, de tal forma que el documento responde a las necesidades de la Comunicación, del país y de la modernidad; y no a intereses personales o de un sector político. Fueron suficientes 10 años de persecución y de desprestigio a la prensa y a los comunicadores, como para seguir en lo mismo. Necesitamos cambios y que se respete el quehacer profesional.
La mayoría de propuestas de reforma, coinciden en la eliminación de la Supercom, y que sean los jueces competentes los que conozcan las demandas de quienes se sienten afectados; primero deberá ser el medio, el que de acuerdo a su Código establezca las enmiendas correspondientes, en caso de haber errado en alguna información. Que desaparezca la figura del linchamiento mediático. Que la Ley en su conjunto pase de ser sancionadora y represiva, a una Ley que regule y ofrezca oportunidades. Posteriormente, la lucha deberá seguir para que se reforme la Constitución en aquello de que la Comunicación es un servicio público. Es un derecho humano. Y así debe constar. A los comunicadores nos corresponde actuar con credibilidad, apegados a la verdad y responsables en nuestro quehacer. El trabajo demanda esfuerzo, la colectividad se lo merece. Y que esa labor tenga un reconocimiento económico adecuado, una remuneración digna de la labor que se ejerce.