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‘Meterle la mano a la justicia’ ha sido una obsesión de muchos mandatarios. León Febres Cordero ordenó sitiar la Corte Suprema con tanques de guerra; Lucio Gutiérrez, impulsó la Pichicorte para favorecer a Abdalá Bucaram; y Rafael Correa no vaciló en declarar el estado de excepción en la Función Judicial, “a fin de resolver la situación crítica, garantizar el derecho a la justicia contemplado en la Constitución y prevenir una inminente conmoción interna”.

Con su estilo autoritario, convocó a Referéndum y con su aprobación, mediante el consabido fraude electoral, se apoderó de la Justicia. Quedó en letra muerta el Art. 168 que garantiza la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial, su autonomía administrativa, económica y financiera, bajo advertencia de que la violación de estos principios “conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal”.

Durante la selección de la Corte Nacional, mediante la calificación de la audiencia oral, siete de los postulantes que se ubicaron entre los 21 mejor puntuados, fueron evaluados con notas de entre 1,2 y 4,10 puntos, mientras que los correistas recibieron puntajes de entre 8,5 y 10 puntos, con los que accedieron a los cargos de magistrados.

Con beneplácito se recibió la declaración del actual gobierno sobre el respeto a la independencia de las funciones del Estado. Pero el excesivo protagonismo del Ministerio de Gobierno genera dudas sobre una eventual intromisión del Ejecutivo en la Justicia. Recientemente, la señora Ministra informó de primera fuente y por Twiter: “La madrugada de hoy @PoliciaEcuador, ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortiz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”. Acto seguido se pudo observar en un medio televisivo un gran operativo para arrestar a un hombre de la tercera edad, con grillete, (no importa sus antecedentes políticos y personales) violentándose derechos humanos elementales.

Esto no puede volver a suceder. Se debe legislar para que la Policía Técnica Judicial, con servidores especializados en investigación criminal, dependa directamente de la Fiscalía General. El país requiere fortalecer una justicia democrática, libre de injerencias que trastoquen su independencia, y a la que nadie se atreva a querer ‘meterle la mano’.