Ángel Polibio Chaves
Una de las funciones más delicadas que le pueden corresponder a una persona, es administrar justicia. Ciertamente que en la Función Judicial tenemos jueces probos, inteligentes y preparados y que cada día se esfuerzan por corresponder a la delicada función que les ha confiado la Nación.
Sin embargo, en algunos casos se ha podido advertir que ni siempre, ni todos los jueces, actúan con sujeción estricta no solamente a lo que determina la Ley, el sentido común o un innato principio de justicia que, en el caso ecuatoriano resulta relevante en el sistema híbrido adoptado en la Constitución de 2008 y las leyes que con posterioridad han sido expedidas, pues se abandonó la aplicación irrestricta del derecho positivo, es decir en el que el texto de la ley es definitivo, y se introdujo una orientación que permite una valoración importante de los fallos judiciales que en casos similares han sido expedidos.
En materia constitucional, por otra parte, se confirió a la Corte Constitucional amplias facultades, a punto tal que una resolución de este organismo puede dejar insubsistentes normas legales que habrían sido calificarse como atentatorias a la Constitución. Hace algunos meses, el país se conmocionó por una resolución que permitió el matrimonio de personas del mismo sexo, y hace poco, se expidió otra en virtud de la cual se pretende ampliar la participación de los estudiantes en el cogobierno de las instituciones de educación superior; más de una vez, algunos jueces han emitido sentencias en función de la connotación social de ciertos hechos o en aplicación de un principio de mayor favor a determinados sectores poblacionales, las que provocan pública simpatía, pero que no siempre se ajustan a lo que manda la ley, lo que evidencia el ejercicio de un auténtico populismo judicial.
Es difícil administrar justicia, pero es preciso evitar la desnaturalización de su esencia.