Nadie, con elemental visión, puede negar que vivimos en un Estado que, poco a poco, va reconquistando nuestros derechos y bajo un Gobierno que se esfuerza en respetarlos. Es por esto que llaman profundamente la atención las aberraciones del proyecto de nueva Ley de Comunicación (LOC).
Se suprime el organismo censor y represor, pero se repiten y disfrazan viejas figuras que no solo limitan la libertad de pensamiento y expresión. Se obliga a que sean los medios los que determinemos sus límites, mediante declaraciones y principios que constaban como imposiciones del Estado, como los códigos deontológicos. Se ratifican limitaciones sobre asuntos judiciales con una errónea interpretación de la presunción de inocencia Después de una década de arbitrariedades, esto se contrapone al derecho a opinar e incluso informar sobre delitos y actos de corrupción antes de que se expidan sentencias “ejecutoriadas”. Es ridículo pretender que los medios se autorregulen y limiten exclusivamente a las normas que determina el propio proyecto.
¿Cuál es la diferencia con la ley vigente? Integrar un Consejo de Regulación presidido con un delegado del Presidente de la República, otros miembros del sector público y exclusivamente con minorías es contravenir lo básico de cualquier sistema democrático.
Es tan clara esta orientación, que en una de las últimas normas se ratifica que se cumplan todas las sanciones impuestas por la Superintendencia de Comunicación. Toca al Gobierno pedir la opinión vinculante de los organismos internacionales en la materia, para constatar si el proyecto cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro”. Aldous Huxley. Novelista, ensayista y poeta inglés (1894-1963)No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad”. San Agustín. Obispo y filósofo (354-430)