Las novelerías de Correa

Paco Moncayo Gallegos

Los datos entregados por la Policía Nacional sobre la inseguridad son alarmantes. A través de los medios de comunicación, nos informamos de los más execrables delitos. Con la angustia del momento nos hemos empeñado en señalar culpables, cuando lo deseable es establecer las causas reales para que podamos corregir los males que nos aquejan.

Los problemas iniciaron cuando se desarmó un sistema de seguridad eficiente y probado en dos décadas, con el prejuicio de que fue una imposición del Imperio y obra de las dictaduras. Aseveraciones falaces. Con estas premisas, se cometieron serios errores en la Asamblea Constituyente de 2008 y en el llamado ‘Congresillo’ que, al apuro, expidió la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

En la Constitución se incorporaron normas contradictorias, confusas y con sentido equivocado. Se usaron de manera inapropiada términos como seguridad integral, seguridad humana, seguridad ciudadana, protección interna y mantenimiento del orden público; en el Artículo 261 se dispuso que el ‘Estado central’ asume las competencias exclusivas sobre la protección interna y orden público, cuando es norma universal que la seguridad es una responsabilidad de todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno y del conjunto de la sociedad.

Con espíritu novelero se dispuso la libre movilidad humana sin fronteras, que lastimosamente convirtió al Ecuador en paraíso de mafias, traficantes de personas, armas y otros materiales ilegales; se retiró la Base de Manta, en reciprocidad al financiamiento de las campañas electorales con dinero sucio de las FARC, sin reemplazarla con medios nacionales de vigilancia; se debilitó a las Fuerzas Armadas, instigando a la tropa contra los oficiales, burocratizándolas y sin dotarles de medios acordes con las nuevas amenazas derivadas de los contextos global, regional y nacional.

El resultado es la grave violencia que ataca a la paz y tranquilidad de los hogares ecuatorianos. Es importante, aunque no suficiente, que se exija a la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Movilidad Humana y la expedición del Código de Seguridad. Es imperativo que vuelvan los alcaldes a ser corresponsables de la seguridad de los ciudadanos.

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