En la madrugada del 24 de agosto de 1767, el corregidor Ramón Redín cerca con gente armada la manzana del colegio e iglesia de los jesuitas de Ibarra situada entre las actuales calles Flores, Sucre, Oviedo y Rocafuerte. Pocos días antes, mientras se encontraba en Huaca recaudando los “reales tributos”, ha recibido una copia de la “Pragmática Sanción” del rey Carlos III remitida por el presidente de la Audiencia, José Diguja.
La “Pragmática Sanción” contiene las instrucciones que las autoridades deben tomar para el arresto y expulsión de los jesuitas. El siniestro Conde de Aranda -mano derecha del déspota Borbón- ha sido el autor intelectual de ese documento infame. Sugiere que el procedimiento se ejecute de madrugada por temor a cualquier alzamiento del pueblo.
Redín no tiene soldados para ejecutar la orden. Obliga a personas del pueblo a empuñar las armas y éstas lo hacen de mala gana. Muchos de ellos han recibido algún beneficio de parte de los jesuitas, en especial medicinas, en una ciudad que no tiene médico y que vive con angustia la pobreza galopante en toda la Audiencia.
Como ave de rapiña, la Junta de Temporalidades -el órgano que el monarca español ha creado para administrar los bienes de la Compañía- se apropia de los bienes de los jesuitas. La iglesia de San Francisco Javier, gloria y ornato de la Villa, es entregada a la autoridad eclesiástica junto a las obras de arte y los objetos de culto.
La incuria mata de a poco al templo en la siguiente centuria. El terremoto de 1868 le da el golpe de gracia derribando su estructura. No obstante, los ibarreños consiguen salvar cuatro retablos que son trasladados a la incipiente Catedral. Orfebres y talladores ibarreños les curan las heridas del terremoto, los refuerzan y mejoran. Su talento anónimo salva los restos de una de las más profundas raíces de los ibarreños.