Existe zona específica para las protestas en la Cinta Costera de Panamá, donde se llevó a cabo una manifestación con el propósito de proclamar a ese país libre de corrupción.
En la convocatoria para tal objetivo se argumentó que la crisis se ha convertido en insostenible para todos los panameños, debido a ese fenómeno cada vez más evidente y que se testimonia en casos como el de Odebrecht, en especial, entre otros: donaciones fraudulentas realizadas por diputados, a más de encubrimientos que perpetúan este enlodado sistema hasta alcanzar esferas encumbradas.
Se ha llegado al extremo de pedir la inhabilitación perpetua (muerte civil) para los protagonistas de casos graves de corrupción, a fin de que dichas personas pierdan el derecho de participar para siempre en la administración pública; se exige no solo la pena de prisión, como medida disuasiva, para que malos funcionarios no puedan volver al Estado al que defraudaron. Se ha dicho que el clamor por esta pena infamante responde al generalizado enfado por los latrocinios que, aquí y allá, con alarmante periodicidad, informa la prensa libre, eficaz antídoto para las acciones de los que atentan al bien común.
Varios países, entre ellos el nuestro, están conmocionados por los tentáculos corrosivos que se extendieron y llegaron a niveles increíbles: altas figuras públicas en prisión, inclusive mandatarios.
La justificada indignación popular se convierte en principal motor para que se sancione, como manda la Ley, a quienes cometieron delitos. La indecencia no debe constituir mecanismo para el enriquecimiento de nefastos personajes que, declarados culpables, sin importar su jerarquía, de manera ejemplar tienen que pagar por sus fechorías. La impunidad destruye valores sustanciales de la civilización.