Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Brigadas

Jaime Vintimilla

En el país se atenta cada vez más contra los incipientes elementos de la ‘democracia constitucional’, entre otras cosas, gracias a la permanente aprobación de normas que vulneran tanto estándares internacionales de Derechos Humanos como los principios y reglas constitucionales vigentes. Infortunadamente, esta vez, se insiste con la aprobación del ‘proyecto de ley del código orgánico de entidades de seguridad ciudadana’.


Esta propuesta normativa, para seguir los pasos de países autoritarios de la región, “crea el Servicio de Protección Pública (SPP), con la finalidad de responder a la seguridad de las personas protegidas que en razón de sus funciones requieran de esta protección para asegurar el pleno ejercicio de la autoridad legitimada”.


De acuerdo con el artículo 168 del proyecto se advierte que este servicio se convierte en “una entidad pública, especializada, jerarquizada, civil, armada dependiente del Ministerio del Interior, con el propósito de brindar una cobertura de seguridad integral a las autoridades, funcionarios o funcionarias, dignidades ecuatorianas o extranjeras y personas relevantes que se encuentran en el Ecuador”. En consecuencia, preocupa además que este SPP va a estar “conformado por personal civil altamente especializado y podrá contar con el apoyo de personal policial y militar en caso de requerirlo”, es decir, se convierte en una institución paralela que aparentemente actúa dentro de la ‘modernización’ de la Policía Nacional, hallándose a disposición del Presidente como su máxima autoridad.


Al respecto, se vulnera el artículo 133.1 de la Constitución, pues mediante el proyecto se procede a regular la organización y funcionamiento de una institución que nunca ha sido creada por la Carta Magna.


Por otra parte, la Policía tiene como misión “atender la seguridad ciudadana y el orden público” así como debe “proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”, es decir, no existe razón alguna para crear una institución tan peligrosa que bien podría ser el germen de fuerzas de choque oficialistas ajenas a los Derechos Humanos.


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