Carlos Enrique Correa Jaramillo
En el entramado social que se configura entre una persona, su familia, los grupos intermedios y el estado, es indispensable que se establezcan mecanismos de apoyo a las aspiraciones personales y colectivas, en un ambiente de libertad y de respeto. De esta manera, cada ciudadano podrá afirmar su personalidad y, a la vez, considerarse parte importante de la nación.
Entonces, en las relaciones que se dan entre el estado y los grupos intermedios, deben considerarse ciertos principios que garanticen, por un lado, la libertad de acción de los ciudadanos y, por otro, el funcionamiento armonioso de los grupos por parte del estado.
Para tal finalidad, se han establecido principios como el de la subsidiaridad y el de la solidaridad.
El principio de la solidaridad establece que un organismo de orden superior debe atender a las necesidades de los grupos intermedios. Se trata de ayudar cuando las condiciones en que viven los miembros de una comunidad la necesite. También debe ayudar a coordinar acciones con el resto de organizaciones de la sociedad con miras al bien común.
El desentendimiento de estas acciones por parte del estado viene a ser un atentado grave contra este principio. El hecho de que el estado no quiera intervenir en la esfera administrativa de un municipio alegando que no es de su competencia, viendo que se trata de una situación que sobrepasa a la capacidad de dicho municipio, es un ejemplo claro de falta contra este principio. Asimismo, la falta de acción en contra de poderosos, que están cometiendo abusos contra una población humilde e indefensa, es un acto vil que se burla de dicho principio.
Es de desear que las acciones de solidaridad de un gobierno sean genuinas, alejadas de una idea proselitista. Aunque, en verdad, esto dista mucho de ser una realidad. (O)