Rodrigo Santillán Peralbo
Muy a pesar de la corrupción galopante en la “década ganada”, y de una gran cantidad de juicios por peculado, cohecho, sobreprecios en obras, asociación ilícita y otros, a más de serias acusaciones contra el expresidente Correa que, eventualmente, podrían llevarlo a la cárcel, el correísmo tiene entre el 20% y el 23% de voto duro, y un plan maestro para “recuperar la patria”; es decir el poder.
Según el plan, los correístas tienen la obligación de prestar sus nombres para participar en toda clase concursos: Procuraduría, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, fiscales provinciales, jueces, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y presentar candidaturas en todo tipo de elecciones con cualquier lista o alianza.
Circulan todo tipo de denuncias maliciosas o de buena fe. Se dice que los más altos cargos están en manos de los correístas, en particular los relacionados con la administración de justicia. Por ejemplo, si el Fiscal General del Estado fuese un correísta, ¿en qué quedarían los juicios incoados, las denuncias presentadas? ¿Un Consejo de la Judicatura si fuese correísta, seguirán en funciones solo los jueces correistas? ¿Es cierto que la estructura correísta está intacta, sin embargo, del advenimiento de las derechas al poder del gobierno del presidente Moreno y de su pretendida re institucionalización del Estado y sus compromisos con el FMI?
Dejar sin trabajo a miles de padres y madres de familia, podría representar millares de votos a favor del correísmo, porque dirán que con Correa, esto no pasaba. Frente a una deuda pública de 60 mil o 70 mil millones de dólares, ¿para qué sirven 60 millones ahorrados en sueldos? ¿Será que el plan funciona perfectamente y que pronto regresará Correa?