Un negocio de inmensa magnitud operando fuera de toda ley a vista y paciencia de las autoridades.
Noticia bomba es la que está rodando no solamente dentro de los confines de la Patria sino también del exterior por el colapso económico de largo alcance que empieza a producir el caso del Notario de Machala que, con su fallecimiento, cual río tormentoso, a ido arrastrando consigo la alegría y el optimismo de muchas familias ecuatorianas, especialmente las de limitados recursos económicos que desde ya empiezan a sentir los estragos demoledores de su ambición, su imprevisión y hasta su ingenuidad extrema.
Aquello de haber entrado al mundo de la usura y aventurarse a entregar su dinero sin el respaldo de documentos legales, es una verdadera insensatez.
Es increíble que las duras lecciones que dejó el atraco bancario de hace apenas siete años cuyas secuelas aún las está pagando el pueblo ecuatoriano, no hayan servido de experiencia para precaver debidamente los recursos y el patrimonio familiar.
Hoy, los hechos están consumados, los procedimientos se hicieron fuera del marco de la ley y por lo tanto no existe posibilidad alguna de que los depositantes convertidos en usureros puedan recuperar el dinero.
Este caso, que más parece una comedia de mal gusto nos está demostrando una vez más cuan profundo es el grado de corrupción que cual cáncer contaminante ha copado ya espacios hasta en las vértebras estructurales de la Patria que las creíamos exentas del virus maligno como son las fuerzas armadas, la policía y las autoridades de control, cuyos nombres en crecido número constan en la lista de la vergüenza y bochorno nacional.
Y ¿qué decir del Servicio de Rentas Internas? -SRI- que persigue sin misericordia hasta a las más ínfima pulpería para clausurarla por no dar una papeleta, pero solapa actividades como las del Notario en donde los centenares de personas diariamente en columnas interminables entregaban voluminosas cifras de dinero y cobraban interés por miles de dólares? Ahí es donde debían recaudarse impuesto en grandes cantidades, sin embargo nada de ello sucedía.
Finalmente, dada la complicidad del caso y en vista de la falta de documentos valederos de los depositantes, al Gobierno le corresponde requisar para el Estado todos los valores posibles de tan oscuro negocio y destinarlos a las áreas de carácter social para resarcir en algo los perjuicios ocasionados al fisco, al país y a la sociedad.