Ordenamiento territorial necesidad imperativa
El Ordenamiento Territorial implica identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas conforme a criterios y prioridades de desarrollo. No obstante, en el país este concepto no se considera explícitamente, lo que genera una omisión grave en la política pública y posibilita la ocupación territorial sin planificación, generando con ello un “desorden territorial” evidente.
En la zona 7 este “desorden” genera problemas como: asentamientos humanos en zonas de riesgo, actividades productivas incompatibles con la vocación del suelo y atentatorias con el ambiente, déficits de servicios básicos por dispersión de poblados, redes de accesibilidad deficientes para sectores rurales, etc.
Para mitigar esta problemática, la legislación nacional prevé instrumentos de planificación y gestión territorial como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que no ha logrado consolidarse como insumo eficiente, principalmente por debilidades en su construcción y el alto índice de discrecionalidad en su ejecución.
Para mejorar la eficiencia del PDOT, en 2019 los municipios deberán elaborar obligatoriamente el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), lo que indiscutiblemente representa una posibilidad de mejorar el ordenamiento territorial; empero, si los vicios del pasado persisten, esta herramienta al igual que su antecesor será un documento estéril condenado al archivo.
Para que ello no ocurra, el empoderamiento ciudadano es fundamental. Todos los sectores sociales deben velar por una construcción participativa que incluya criterios técnicos, cuente con un modelo de gestión que incluya acciones concertadas de todos los niveles de gobierno y sobre todo se ejecute sin importar la autoridad de turno, constituyéndose en un contrato social de mediano plazo.
José Vicente Ordóñez