De manera infame, los colombianos están siendo señalados como los causantes de los males que aquejan a Venezuela y, de esta forma, deportados de esa nación.
Centenares de ciudadanos están retornando a su país, que abandonaron también por causa de la violencia, con las pocas cosas que pueden rescatar. Para completar, muchas familias no solo lo perdieron todo, sino que quedaron fraccionadas, cuando los hijos nacidos en territorio venezolano ven cómo sus padres colombianos son expulsados sin poder hacer nada.
La odiosa medida de Nicolás Maduro no es más que una cortina para tapar su baja popularidad y la crisis económica que afronta, una inflación que alcanza tres dígitos y la inseguridad que ubica a Venezuela como el segundo país con mayor tasa de homicidios del mundo.
En este año, Maduro se ha trenzado en sucesivas peleas con los gobiernos de España, Estados Unidos, Guyana y ahora Colombia, siempre con el argumento -de moda entre los socialistas del siglo XXI- de una conjura para derrocarlo.
El drama humanitario amenaza con desbordarse y sorprende la tibieza con que el presidente Juan Manuel Santos ha enfocado la intransigencia de Maduro. Esta posición se debe, al parecer, a que se considera que un reclamo fuerte del lado colombiano podría significar el retiro de Caracas como garante de los diálogos con la guerrilla en La Habana, pero es incoherente ser negociador de un proceso de paz y violar los Derechos Humanos. Lo peor es que ningún organismo internacional quiere ver realmente lo que está pasando.