La aprobación, innecesaria por cierto, que realizó el Congreso Nacional para que se convoque a una consulta popular que apruebe el que se instale a una Asamblea Constituyente, ha traido consigo diferentes respuestas. Así mientras un grupo importante de ciudadanos hemos considerado que este es un avance importante en la defensa de nuestros derechos, otros consideran como un riesgo para su actual posición.
En efecto, hace unos días escuché diversas opciones para generar un boicot a la consulta y luego a la Asamblea y con ello evitar que el poder ciudadano determine el futuro del país. Evidentemente quienes realizan estas propuestas se han sentido siempre cercanos a la élite política privilegiada y por ello la defensa y construcción de una verdadera ciudadanía pone en riesgo sus mezquinos intereses.
En la vida de la República, el manejo del poder se ha radicado en grupos que simplemente han gobernado y legislado en función de los intereses de los gremios y corporaciones que les sustentaban en el ejercicio de las funciones públicas. Si bien en ciertas ocasiones han llegado al poder como consecuencia de una voluntad electoral, no es menos cierto que tal voluntad se ha extinguido con el inicio del ejercicio del cargo o función. De hecho, ha sido tradicional la ruptura total entre el elegido o elegida y sus electores. Los primeros han creido que es el voto y no la voluntad ciudadana la que les confiere el poder.
Hoy en día, esta falsa forma de democracia, es decir aquella que se dice representativa, ha perdido validez ante su profunda ineficacia. Por ello, los ciudadanos hemos optado por alcanzar una democracia directa. A esta transformación en el manejo del poder las élites le temen, pues con ella los privilegiados serían ciudadanos como todos.
La defensa de una democracia directa es nuestra protección como ciudadanos.